Una vez que empiezan a conocerse las condiciones del rescate a la banca de nuestro país, conviene preguntarse si está justificado el castigo que están aplicando los mercados a la deuda pública española. Personalmente, creo que no. Es cierto que el dinero que solicite el Gobierno al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera computará como deuda y que los intereses que genere la misma formarán parte del déficit, tal y como ha afirmado este miércoles Eurostat. Es cierto, también, que, de solicitar los cien mil millones de euros que la Unión Europea pone a nuestra disposición, el saldo de deuda pública en circulación se podría situar alrededor del 90% del PIB. Es cierto, por último, que una economía en recesión como la nuestra tiene importantes dificultades para cumplir con los objetivos presupuestarios establecidos, que se complican un poco más al añadir como gasto los intereses de esa deuda. Ahora bien, de ahí a decir que España, con ello, se aproxima mucho más al punto sin retorno de la suspensión de pagos, como parecen pensar los mercados y algunos analistas, es mucho decir.
De entrada, el interés que tendrá que pagar el Gobierno por esos recursos estará entre el 2% y el 3%. Además, el Ejecutivo no tiene por qué pedir los cien mil millones. De hecho, en una enmienda al presupuesto presentada esta semana en el Senado se pide autorización para que el FROB, el mecanismo a través del cual se va a articular la operación de saneamiento del sistema bancario, se pueda endeudar en 60.000 millones. Por tanto, si no hay sorpresas, esa es la cantidad que baraja el Gabinete que puede necesitar en ayudas. Y 60.000 millones al 3% son 1.800 millones de euros anuales en intereses de esa deuda, es decir, el 0,16% del PIB. Esto, ni mucho menos, pone en peligro el presupuesto español.
Segundo, la Comisión Europea ha dicho este miércoles que esos recursos solo se podrán emplear en entidades que puedan sobrevivir en el futuro sin subvenciones o en aquellas otras cuya quiebra represente un riesgo para el conjunto del sistema financiero europeo. Las demás no podrán beneficiarse de estos recursos y tendrán que quebrar. En consecuencia, la Unión Europea, aplicando los principios sobre ayudas que rigen en el Mercado Único, obliga a que se deje caer a aquellas entidades que no sean viables y solo permite ayudas para aquellas otras que lo sean, con lo que se garantiza la devolución de las mismas. Es más, teniendo en cuenta que, una vez saneadas estas entidades, la participación del Estado en el capital de las mismas, que es como se van a conceder las ayudas a las cajas de ahorros, valdrá más dinero, se generarán, de esta forma, plusvalías que podrán dedicarse a la reducción de la deuda pública, una vez rembolsados los préstamos que pida el Gobierno. Ese dinero, además, tampoco tiene que empezar a devolverse ya mismo, sino que son préstamos a quince años con un periodo de carencia de cinco años, con lo que se evitan tensiones de liquidez del Gobierno español a corto plazo. Y en cinco años, por muy mal que esté la economía española, da tiempo más que de sobra a sanear las cajas que necesiten ayudas, a que éstas empiecen a ganar dinero, a que su valor aumente y a que se puedan generar esas plusvalías con las que reducir la deuda pública en circulación más allá de la devolución de los préstamos al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.
En resumen, el rescate a la banca española no pone en peligro la solvencia de España, ni nada parecido, sino que, más bien, la refuerza al permitir el saneamiento del sistema financiero, un elemento fundamental para salir de la crisis. Es decir, es un verdadero rescate. El castigo que están aplicando los mercados a la deuda española, por tanto, no está justificado desde esta perspectiva.