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Manuel Llamas

Prórroga y penaltis

Sin crecimiento y sin reducción sustancial del déficit, los inversores privados seguirán desconfiando de la solvencia soberana de España, con o sin rescate de por medio.

Sin crecimiento y sin reducción sustancial del déficit, los inversores privados seguirán desconfiando de la solvencia soberana de España, con o sin rescate de por medio.

Rajoy ya está jugando en tiempo de descuento. El compromiso europeo de rescatar a la banca española aportando hasta un máximo de 100.000 millones de euros tan sólo servirá para comprar algo más de tiempo para poner la casa en orden. El problema es que ésta será, como mucho, la penúltima oportunidad de la que gozará España para evitar el temido impago. Austeridad o default, no hay más salida. Y ante tal situación, el rescate parcial del Estado español tan sólo ha evitado ese segundo escenario temporalmente. La solución no es más Europa ni más "solidaridad" comunitaria –entiéndase alemana– sino férrea austeridad pública y profundas reformas liberalizadoras a nivel interno. Es decir, la cura sigue dependiendo del Gobierno.

Ni siquiera la intervención puede garantizar un resultado favorable en el complejo y duro proceso de desapalancamiento que tiene que afrontar la economía española. Grecia fue intervenida hace casi dos años y hoy, pese a una brutal quita a los tenedores privados de su deuda, se dirime entre salir o no de la zona euro. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque su clase política no hizo los deberes, incumpliendo casi todas las exigencias establecidas por la troika. Irlanda, por el contrario, siendo ya una de las economías más flexibles del Viejo Continente, está afrontando la situación con responsabilidad al poner en marcha las medidas de ajuste precisas.

El rescate del Eurogrupo servirá de poco a España. Puesto que se ha optado por nacionalizar las entidades insolventes, el Estado español se veía incapaz de emitir en el mercado la deuda adicional necesaria para recapitalizar la banca sin que, a cambio, se disparara la prima de riesgo y, por tanto, su coste financiero, hasta niveles inasumibles. Europa ha cedido para evitar la caída de España y la consiguiente ruptura del euro, pero la salvación del país no dependerá del dinero que aporten los contribuyentes del norte. No en vano, esos 100.000 millones no dejan de ser un préstamo, con condiciones, que se traducirá en una deuda pública extra del 10% del PIB. Sin crecimiento y sin reducción sustancial del déficit, los inversores privados seguirán desconfiando de la solvencia soberana de España, con o sin rescate de por medio.

En este sentido, los problemas a resolver siguen presentes. Zapatero no hizo casi nada en cuatro años para superar la crisis y Rajoy, por desgracia, aún no está haciendo suficiente, tal y como constató la propia Comisión Europea en su último informe. España es una de la economías más endeudadas del mundo, sufre una elevadísima presión fiscal, su competitividad es escasa y su libertad económica aún menor. Pese a todo, tal y como aconteció hace medio siglo con el Plan de Estabilización de 1959, los españoles son perfectamente capaces de salir adelante por sus propios medios, volviendo a crear riqueza y a generar empleo. La clave, como entonces, radica en una fórmula aparentemente sencilla para un empresario, pero enormemente complicada para un político español: mucha más libertad económica y mucho menos sector público.

Hace apenas tres días, Rajoy negaba el rescate internacional. El tiempo de descuento ha comenzado para España, Grecia está ya en plena ronda de penaltis. 

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