El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, lanzó este martes tres mensajes sobre el sistema público de pensiones: auguró "importantes tensiones de liquidez" en los próximos meses; por ello, dejó la puerta abierta a usar el Fondo de Reserva -conocido comúnmente como la hucha de las pensiones- para seguir abonando las prestaciones cada mes; y, finalmente, insistió en la necesidad de nuevas reformas para garantizar su viabilidad, tanto a corto como a largo plazo.
En su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, Burgos admitió que, efectivamente, "en los próximos meses" la Seguridad Social podría sufrir "tensiones importantes de liquidez" debido a desajustes en los flujos de tesorería relacionados con las prestaciones contributivas. La Seguridad Social "paga mes a mes", pero no ingresa e incorpora recursos al mismo tiempo. Burgos se refirió así al déficit que presenta la Seguridad Social. No en vano, la crisis se ha traducido en un elevado desempleo y, por tanto, en una fuerte caída de los afiliados a la Seguridad Social, cuyas aportaciones sirven para abonar las pensiones todos los meses.
Por ello, si estos problemas de liquidez se materializan, Burgos aseguró que "con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está garantizada la cobertura del nivel de prestaciones actual". Esta hucha, creada en el año 2000 -primer año que recibió fondos-, se ha ido nutriendo desde entonces con los excedentes que generaba el sistema -superávit de la Seguridad Social procedente de las cotizaciones y de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-.
Evolución de las aportaciones y valor acumulado del FdR (en millones de euros de 2011) Fuente: Fedea
Hasta el estallido de la crisis no hubo ningún problema, ya que el boom económico de la última década hizo que la tasa de paro se redujese a mínimos históricos (8%) y el número de cotizantes se disparase hasta niveles récord -casi 20 millones-. Hoy la situación es muy distinta, con un paro próximo al 25% y menos de 17 millones de afiliados, mientras que el número de pensionistas no ha dejado de crecer.
Evolución del balance entre cotizaciones y prestaciones en millones de euros de 2011. Fuente: Fedea
Números rojos
La hucha se creó, precisamente, para atender a este tipo de situaciones, garantizando el pago de las pensiones sin necesidad de incrementar las cotizaciones o rebajar la cuantía de las prestaciones actuales, de ahí que el Gobierno baraje ahora su posible uso. Las reservas del Fondo ascendían a un total de 68.000 millones de euros el pasado mayo -lo cual equivale a casi siete meses de pago íntegro de pensiones públicas-.
Sin embargo, el problema de la actual coyuntura es doble: por un lado, nada hace indicar una pronta y sustancial recuperación del mercado laboral español, al menos a corto y medio plazo; mientras que, por otro, la crisis de deuda pública que sufre España ha convertido la hucha de las pensiones en un fondo de inversión de alto riesgo.
El Gobierno, según admitió Burgos, trabaja ya en la resolución del primer problema. De hecho, afirmó que en pocos días se aprobará un real decreto para desarrollar algunos aspectos del sistema de pensiones para hacerlo más "potente y equitativo".
Así, por ejemplo, el secretario de Estado insistió en la urgencia de culminar en 2013 el proceso de separación de fuentes dado que las "insuficiencias de financiación en el nivel no contributivo han crecido de forma muy importante en los últimos años". Es decir, puesto que el sistema está en números rojos, carece ya de recursos suficientes para sufragar las prestaciones asistenciales -pensiones no contributivas- que perciben numerosos jubilados, pese a no contar con el mínimo de años cotizados que exige la ley para tener derecho a una pensión.
Por ello, la idea consiste en que estas pensiones no contributivas se financien exclusivamente vía Presupuestos Generales del Estado -con impuestos- en lugar de con cotizaciones sociales. En este sentido, por primera vez, el Estado financiará este año casi el 50% del gasto en complementos a mínimos, con un coste de 3.806 millones de euros.
La hucha de las pensiones, un fondo de alto riesgo
Asimismo, a medio y largo plazo, el Pacto de Toledo lleva tiempo estudiando la posibilidad de extender a toda la vida laboral el período de cálculo de las pensiones -la última reforma del sistema amplió este período de 15 a los últimos 25 años cotizados-. De aprobarse esta reforma, que cuenta con el beneplácito de PSOE y PP, el importe de las futuras pensiones sufrirá una rebaja media del 30% con respecto al sistema vigente hace ahora un par de años. Aunque también se podrían poner en marcha otras medidas -todas ellas destinadas a recortar prestaciones-, tal y como establece la última reforma de las pensiones públicas.
El segundo problema, sin embargo, relacionado con el impacto de la crisis de deuda sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, no sólo está en vías de solución sino que se ha agravado de forma sustancial a raíz de la gestión efectuada tanto por el anterior Gobierno socialista como el actual Ejecutivo popular. La razón estriba en que, a diferencia de lo que sucedía antes de la crisis, primero PSOE y ahora PP se han jugado la hucha de las pensiones a una sola carta: deuda pública española.
En 2007, el 45% del fondo estaba invertido en deuda pública europea de máxima calidad crediticia (rating triple A) y el 55% restante en deuda del Estado español que, entonces, también gozaba de la máxima solvencia (triple A). Así pues, se cumplían estrictamente las normas del Fondo, ya que sus gestores tenían la obligación legal de invertir las reservas del sistema en deuda de máxima calidad. Ahora, este principio sólo se aplica a la deuda extranjera, pero con el matiz de que ésta es ya prácticamente inexistente en los activos del Fondo.
A cierre de 2011, el 89,7% del Fondo está invertido exclusivamente en bonos españoles y el 10,3% restante en deuda francesa, alemana y holandesa. La hucha cerró el pasado año con unas reservas acumuladas de 66.814 millones de euros (6,2% del PIB nacional), un 3,79% más que en 2010. Es decir, desde el estallido de la crisis y bajo la gestión de Zapatero, el Fondo de Reserva ha adquirido unos 30.000 millones de euros extra en deuda pública nacional, cuyo rating es hoy de segunda división (BBB+, según S&P), y por tanto de mayor riesgo, reduciendo a la mínima expresión sus activos de máxima solvencia (triple A). El PP no piensa corregir esta estrategia. Y es que, según admitió el propio Burgos, "los gestores aspiran a que, a medida que vaya venciendo la deuda extranjera, se debe seguir orientando las nuevas inversiones en la española, hasta que sea el 100%".
Los efectos de esta estrategia de inversión podrían resultar muy negativos en función de cómo evolucione la crisis de deuda, y se resumen, básicamente, en tres puntos:
1. Los activos se deprecian
La cartera de activos del Fondo, excluyendo el saldo por cuenta corriente (próximo a los 1.000 millones de euros), ascienden a 65.830 millones de euros en 2011, según su precio de adquisición. Sin embargo, su valor varía en el mercado, ya que la deuda pública cotiza de forma inversa a su rentabilidad -si ésta última sube el valor nominal del bono baja-.
Desde el estallido de la crisis, la rentabilidad de la deuda europea ha crecido con fuerza debido al mayor riesgo que perciben los inversores para prestar dinero a los estados, sobre todo, a los periféricos -España inclusive-, por lo que los bonos españoles se han depreciado de forma sustancial.
Pese a ello, los gestores del Fondo sólo contabilizan estos activos por su valor de adquisición. El anterior Gobierno socialista decidió en julio de 2011 aplicar nuevos criterios de valoración a los activos del Fondo. A partir de entonces, sólo contabilizan la deuda a su precio de adquisición, ya que mantienen estos activos hasta vencimiento, en lugar de valorarla a precio de mercado (cartera a la venta). De este modo, también evitan tener que hacer provisiones en caso de que los activos se deprecien.
2. La liquidez se reduce
El problema es que, más allá del valor actual de estos activos, si el Gobierno necesita recurrir al Fondo para pagar pensiones tendrá que vender dicha deuda al precio que imponga el mercado, asumiendo posibles pérdidas (diferencia entre el valor de adquisición y el de venta). Y ello, en un momento en el que el mercado ha cerrado el grifo de la financiación a España, tal y como admitió el martes el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo cual podría acentuar los problemas de liquidez del sistema de pensiones.
3. El fantasma del rescate
El mayor riesgo, sin embargo, estriba en que se materialice el rescate de España. En este escenario, numerosos analistas internacionales avanzan que el mercado mantendrá cerrado el grifo de la financiación a la deuda pública española, acentuando por tanto el riesgo de iliquidez del Fondo. En última instancia, el peor de los escenarios implicaría la aplicación de quitas sobre la deuda, como ya aconteció en Grecia, en cuyo caso la hucha de las pensiones, con casi todas las reservas invertidas en bonos españoles, se vería afectada de forma sustancial.