Gallego y Suanzes toman como ejemplo lo ocurrido en Grecia, Irlanda y Portugal para explicar qué pasaría si España es intervenida. "Subida brutal del IVA; despido de medio millón de funcionarios; pensiones y prestaciones por desempleo más bajas; coste de 20 euros por cada visita a urgencias; sueldos e indemnizaciones por despido más precarios; menos becas en educación e infraestructuras más caras". Esto sería, en resumen, lo que pasaría si España se ve obligada a pedir un rescate.
Los encargados de ejecutar el programa son la llamada Troika, una comisión que representa a nuestros acreedores exteriores (BCE, Comisión Europea y FMI) con un único objetivo: cobrar sus deudas. "El cómo lograrlo pasa a ser un asunto secundario", dice Juan Ramón Rallo en el informe de Mercado.
La Troika pone las condiciones para dar la ayuda. "El Gobierno tendría que firmar el llamado Memorándum de Entendimiento con la Comisión Europea, donde se fijan las condiciones de la asistencia (cantidad total del préstamo, tipos de interés, plazo de vencimiento, etc) y ésta se vincularía automáticamente al estricto cumplimiento por parte de España de un Programa de Ajuste elaborado por la Troika".
Según Gallego y Suanzes, lo primero que haría sería poner orden en las comunidades autónomas, recortando "los gastos escandalosos que en algunos casos son surrealistas" y reduciendo el tamaño del sector público autonómico. "Los ajustes sería simultáneos en los distintos niveles de la administración y partidas presupuestarias. Para empezar, obligarían al Gobierno a poner en marcha una reducción del gasto público", con reducciones de salarios y funcionarios. "El retraso en la edad de jubilación se aceleraría. Un buen número de empresas públicas también desaparecería. Se impondría una fuerte reforma tributaria subiendo los impuestos indirectos y se impondría el copago sanitario". Según señalan los autores del informe, en Grecia pagan tres euros por ir al médico y en Portugal 20 euros por ir a urgencias.
Además, se privatizarían muchas empresas públicas. "La Troika diseñaría un calendario de ventas durante los años que dura el programa de asistencia. También obligaría al Gobierno y las comunidades autónomas a imponer peajes, liberalizar la red de transportes ferroviaria y acabar con el déficit de tarifa eléctrico con nuevas subidas del recibo de la luz. Y por último, se diseñaría un plan de recapitalización de la banca. "El Instituto Nacional de Finanzas estima que España necesitaría 60.000 millones de euros para aislar del todo el riesgo bancario".