Antonio Brufau superó este jueves sin ningún problema el examen anual que supone la Junta General de Accionistas de Repsol. En esta ocasión, todo el evento ha estado rodeado de un clima muy reivindicativo, tanto en la mesa presidencial como en las intervenciones de los minoritarios. El "expolio" sufrido hace unas semanas en Argentina, con la nacionalización de YPF, ha encendido los ánimos.
Pero, a pesar de este revés, el Consejo de la petrolera no ha tenido mayores problemas para lograr la aprobación de todas sus propuestas. De hecho, en las intervenciones de los accionistas minoritarios, han primado las que apoyaban al equipo de Brufau, frente a las críticas que el presidente ha achacado a representantes de Luis del Rivero (ex consejero de la compañía, de la que intentó hacerse con su control).
Con respecto a los acuerdos alcanzados, la Junta ha aprobado el nuevo sistema de reparto flexible del dividendo y el levantamiento de los blindajes sobre los derechos de voto. La fórmula del scrip dividend permite a los accionistas cobrar el dividendo en acciones o en efectivo. Este año Repsol repartirá un dividendo de 1,15 euros por acción, un 10% superior al del último ejercicio. Aunque Brufau ya admitió el martes, durante la presentación del Plan Estratégico 2012-2016 de que sería complicado mantener estos dividendos, este jueves ha asegurado que su compañía "no debería tener problemas" para mantener un pago de un euro por título en los próximos años.
En cuanto al levantamiento de los blindajes, Repsol ha aprovechado la modificación de parte de sus estatutos sociales para reformular el artículo 27 y eliminar las limitaciones de voto del 10%, en cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta aprobó además los resultados de 2011 y la reelección de los consejeros Isidro Fainé y Juan María Nin, ambos en representación de La Caixa, durante los próximos cuatro años.
Una nueva marca
Éste era el primer encuentro de los accionistas de Repsol tras la expropiación de YPF y casi todo el evento ha girado en torno a esta circunstancia, empezando por la marca y el nombre de la compañía, de los que se caen las tres letras de su exfilial argentina.
De esta manera, las intervenciones de los minoritarios y las respuestas del propio Brufau han estado monopolizadas por la polémica. Sólo la posibilidad de encontrar un importante yacimiento en las Canarias y la crítica situación económica han variado algo la temática. En este sentido, el presidente ha asegurado que "España va a salir de ésta, porque las cosas se están haciendo bien, a pesar de los sacrificios".
Sobre la opción canaria, Brufau ha asegurado que un país que tiene tanta dependencia de los hidrocarburos "no se puede permitir el lujo" de dejar sin explorar una opción como ésta. En su opinión, son precisamente las compañías las más interesadas en que el mar donde están buscando petróleo esté limpio y ha asegurado que una plataforma en cerca de las islas servirá para controlar mucho mejor a los 3.000 barcos cargados de crudo que cada año pasan por la zona.
En el tema argentino, Brufau insistió en la disposición de su empresa a "negociar" con el Gobierno argentino y consideró que "llegar a un acuerdo es bueno para todos". "No es bueno para Argentina tener un pleito de esta magnitud durante años, así que lo mejor es sentarnos a negociar", aseguró.
En su opinión, es una cuestión completamente política que surgió como consecuencia de los espectaculares hallazgos de Vaca Muerta. Eso sí, la viabilidad de la empresa, en su opinión, no dependerá en nada de lo que pase en el país austral. De hecho, en los números presentados en el Plan a cinco años no está previsto ningún ingreso proveniente de YPF, incluso aunque el propio Brufau ha insistido en que reclamarán hasta el último euro al que crean que tienen derecho: "La compañía tiene ahora más futuro que hace unos años, con o sin YPF".
Paradójicamente, Repsol ha incrementado su participación en la compañía argentina en los últimos días, tras y como ha anunciado Brufau, puesto que se quedará con otro 6% de su capital, un porcentaje que era garantía del préstamo que el grupo Petersen mantiene con la petrolera argentina y del que ya ha incumplido pagos. De esta manera, la compañía española ya suma un 12% en el accionariado de la argentina (tras la expropiación del 51% se había quedado con otro 6%). Brufau ha insistido en su interés en negociar una solución tras la nacionalización de YPF y ha "extendido la mano" al Gobierno argentino.