No cabe duda de que el diseño institucional de la Unión Monetaria Europea deja mucho que desear, como estamos comprobando en la actualidad. La zona euro carece de mecanismos e instituciones para gestionar situaciones de crisis, en especial de crisis financieras, y cuando cuenta con ellos, o los crea, como en el caso del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), resulta que luego no pueden ejercer las funciones que les han sido atribuidas. En el caso del FEEF, más conocido como Fondo de Rescate, una de sus funciones es conceder préstamos a los estados miembros de la eurozona para sanear sus sistemas financieros. Pero como para obtener esos créditos un país tiene que presentar un plan de reformas, es decir, someterse al control de las autoridades comunitarias, pues resulta que esos créditos no se solicitan. Este es el caso del Gobierno español, que quiere sanear Bankia entrando en su capital, para lo cual necesita 19.000 millones de euros, que pretende obtener mediante emisiones de deuda en los mercados en unos momentos en los que la prima de riesgo bate cada día su récord histórico. Puestos a seguir por este camino, sería mucho más lógico acudir al FEEF, que se puede financiar a un interés mucho más bajo que el que paga la deuda pública española. Pero como Rajoy no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, rechaza la idea de plano, cuando lo cierto es que al Gobierno español hace tiempo que las autoridades comunitarias y los mercados le están marcando el camino a seguir en relación con el ajuste de la economía española.
El fallo más grande del entramado institucional de la Unión Monetaria Europea es que no permite aplicar soluciones de mercado en los casos de crisis del sistema financiero de algún país porque, en todo lo relativo a la banca, en la Unión Europea prima el nacionalismo. Así, y volviendo al caso de Bankia, cuando un país tiene dificultades con sus entidades financieras, en lugar de permitir que vengan instituciones de otros estados de la zona euro a comprar las entidades nacionales, optan porque éstas sigan en manos del capital del país para, de esta forma, poder mantener cierto grado de control político sobre ellas. Ese, sin embargo, es un grave error. Si pudiera venir un banco de otro país de la eurozona a comprar Bankia, se resolverían dos problemas de golpe. El primero de ellos es que la entidad se salvaría sin necesidad de que la operación nos costase un solo euro a los contribuyentes; el segundo es que un banco extranjero recapitalizaría Bankia inmediatamente y, en un breve plazo de tiempo, esta entidad estaría en condiciones de empezar a conceder préstamos, que es una cosa que la economía española está necesitando a gritos. Si, ahora, este principio se aplicara a todas las entidades crediticias españolas con problemas, el saneamiento de nuestro sistema financiero sería mucho más rápido, nos saldría mucho más barato a los ciudadanos y el crédito volvería a fluir mucho antes de lo que lo hará si seguimos otras vías. ¿Cuánto más nos va a costar a los españoles el mantener nuestro sistema bancario bajo control, directo o indirecto, de los políticos?