Alemania rechaza que el Fondo de Rescate salve a la banca española. La Comisión Europea emite un dictamen crítico con la lentitud y escasa intensidad de las reformas llevadas a cabo por el gobierno español. La prima de riesgo de la deuda española cierra en máximos históricos. El Ibex sigue en caída libre. Estas son algunas de las graves noticias que se han producido este miércoles y que han llevado al Gobierno a asumir la necesidad de más reformas y cuanto antes.
No han faltado voces en Libertad Digital que advirtieran, desde el primer momento, de que otro ajuste, distinto al planteado por el gobierno y basado exclusivamente en la reducción del gasto, era posible, así como las que alertaran de la arriesgada y cara lentitud del Ejecutivo a la hora de recorrer su supuesta "senda reformista". Incluso desde el propio Partido Popular, tampoco han faltado quienes, como Esperanza Aguirre, reclamaran mayor celeridad en las reformas o advirtieran, como Vidal-Quadras, contra los riesgos del "reformismo pausado".
El gobierno de Rajoy, sin embargo, no sólo se ha mostrado satisfecho con su plan de ajuste –una combinación de insuficiente reducción del gasto público y de contraproducente subida de impuestos-, sino que también le ha parecido aceptable la forma y el ritmo con los que las autonomías están llevando a cabo sus deberes en lo que a la reducción del déficit se refiere. La conformidad del Gobierno no se ha visto alterada ni siquiera cuando se ha descubierto que el déficit en 2011 no fue del 8,5 sino del 8,9 por ciento; anuncio que no ha sido acompañado de ningún ajuste adicional. Hasta tal punto parecería que el Gobierno llevaba al día sus deberes que hasta Rajoy se permitía hace unos días reclamar la intervención del BCE para evitar los efectos de una prima de riesgo que parecía insensible a los "esfuerzos" de nuestro Gobierno.
Parece, sin embargo, evidente que el BCE –gracias fundamentalmente a las presiones de Alemania– no está por la labor de descuidar su función de preservar la estabilidad del euro en beneficio de gobiernos manirrotos o de gobiernos que loan pero no practican la austeridad. Tampoco parece dispuesto a inyectar más dinero a unas entidades financieras que han sido desbaratadas por los tejemanejes de los políticos y que fundamentalmente se han dedicado a comprar deuda española. De hecho, esta negativa no debe hacernos olvidar que el BCE ya ha inyectado recientemente a la banca española más de un cuarto de millón de millones de euros.
Pero quizá más llamativa que la abierta desconfianza de los inversores sea la que refleja un organismo, normalmente tan diplomático y proclive a las medias tintas, como es la Comisión Europea. En su dictamen, Bruselas pide al gobierno español una mayor velocidad en las reformas liberalizadoras, un mayor control de las cuentas de todas las administraciones y considera preferible incrementar la tributación indirecta antes que haber aumentado los "dañinos impuestos que gravan las rentas del trabajo y del capital". Además de pedir también mayor celeridad en la puesta en marcha de la reforma de las pensiones, la Comisión llega incluso a considerar tímida la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno.
Aunque el Gobierno parece haber tomado buena nota de estas recomendaciones, está por ver cuál de ellas lleva a cabo y en qué plazo. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, ha planteado la subida del IVA, medida que será compensada –eso dice– por una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Aunque estemos de acuerdo con la Comisión en casi todo, conviene señalar que una cosa es considerar que una nueva subida del IVA hubiera sido menos dañina que un aumento de la presión fiscal sobre las rentas del capital y del trabajo, y otra cosa, muy distinta, considerar que ahora también se deba subir el IVA. Esta equivocada "solución" induce a pensar que el problema está en cómo puede el Estado recaudar más, cuando la clave está en cómo el Estado debe gastar menos. El hecho cierto de que el incremento del IVA hubiese sido preferible al aumento del IRPF, o que el IVA trate de gravar el consumo, no significa que no tengan también indirectamente otros efectos más nocivos. Pero es que, además, este nuevo giro de tuerca de la presión fiscal, con la que algunos tratan de no tener que recortar tanto el gasto público, bien puede tener efectos contraproducentes hasta en términos recaudatorios. De hecho la subida del IVA aprobada en 2010 por Zapatero –y a la que el PP acertadamente se opuso– no ha evitado que la recaudación por este impuesto se haya desplomado en dos años un 21%.
La cuestión, en definitiva, está en que el Gobierno lleve a cabo sin más tardar lo que Rajoy calificó en su día como la "primera obligación de un gobernante", ajustar sus gastos a sus ingresos, y en que no demore a lo largo de la legislatura unas reformas que no soportan la espera.