El Gobierno lleva meses trabajando en un nuevo mecanismo para facilitar la financiación de las CCAA, después de que el mercado cerrara por completo el grifo a las emisiones de algunos gobiernos regionales que están al borde de la quiebra. Tal y como avanzó Libre Mercado, en el seno del Ejecutivo existían dos posiciones claramente contrapuestas en este ámbito: la defendida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El plan De Guindos
Ambos enfoques se diferenciaban en dos aspectos esenciales. En primer lugar, la tesis defendida desde Economía rechazaba que el Estado avalase la deuda autonómica, de modo que la garantía para los inversores residía en las propias transferencias corrientes que el Gobierno central reparte entre las regiones a través del sistema de financiación autonómica. Es decir, De Guindos se decantaba así por la implantación de un control previo.
La esencia del mecanismo consistía en emitir deuda autonómica de forma conjunta, a un coste algo inferior al que exige el mercado en estos momentos a las regiones de forma individual, con el aval de los propios recursos autonómicos que reparte anualmente el Gobierno central. De este modo, el Estado retendría de forma anticipada parte de dichas transferencias para poder atender al pago de los compromisos financieros. Y todo ello, estableciendo rigurosos límites, ya que tales emisiones tan sólo se encargarían de cubrir las necesidades estipuladas en los planes de ajuste (déficit del 1,5% del PIB como máximo). Así, si una región incumplía los límites establecidos se vería obligada a acudir por su cuenta y riesgo a los mercados -a un coste mayor-.
Este mecanismo contaba con el apoyo explícito de los grandes inversores, ya que "hacía creíble la prioridad absoluta del pago de la deuda" gracias, básicamente, a la implantación de un control ex ante (el Gobierno acaparaba los recursos autonómicos de antemano, restando financiación a las regiones para garantizar el servicio de la deuda).
El plan Montoro
Sin embargo, esta visión contaba con el rechazo explícito de los barones regionales y con las reticencias del Ministerio de Hacienda. Montoro no quería control ex ante, sino a posteriori. Y ésta, tal y como se preveía, parece ser la opción escogida finalmente por el Gobierno de Mariano Rajoy. Según publica este martes el diario El Mundo, el Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, este viernes los hispabonos de Montoro.
El Estado avalará las emisiones de deuda regional por un importe próximo a los 17.000 millones de euros en 2012, garantizando así casi un tercio de los compromisos financieros que en total afrontan las autonomías durante este ejercicio (caso 50.000 millones entre deuda nueva y refinanciaciones), de modo que el mecanismo se centrará en ofrecer liquidez inmediata a las regiones con mayores dificultades (como Cataluña y Comunidad Valenciana, entre otras). El coste de la financiación será inferior a la que exige el mercado, pero superior al que se le exige al Estado.
A cambio de este rescate, Hacienda exigirá nuevas condiciones a las CCAA que se acojan al mecanismo -pudiendo endurecer, incluso, el objetivo de déficit del 1,5% marcado para este año-. Así, las regiones tan sólo podrán volver a recurrir a los hispabonos en el futuro si cumplen tales exigencias.
Pese a ello, estas promesas importan poco a los inversores. Según las fuentes financieras consultadas por Libre Mercado, la clave no radica en imponer nuevos compromisos de austeridad, cuyo cumplimiento no está garantizado, sino en aplicar controles previos reteniendo de antemano a las CCAA el dinero que haga falta para garantizar el pago de sus deudas.
Y es que, si el Estado avala deuda regional sin control previo, el Gobierno está asumiendo de forma explícita los pasivos de regiones insolventes, deteriorando como resultado su propio balance, lo cual acabará elevando aún más la prima de riesgo de España. "Es una locura", sería la "puntilla para el Estado español", alertan los grandes inversores. "La rentabilidad de la deuda española a 10 años se irá por encima del 7%". Se trata de un rescate a la griega, ya que se asemeja al primer plan de rescate internacional concedido a Atenas, en el que el Estado griego recibía el dinero por anticipado a cambio de una serie de exigencias que, finalmente, incumplió de forma manifiesta.
Los inversores no quieren ni oír hablar de rescates a la griega, cuyo fracaso ha sido rotundo. Por ello, el plan Montoro es, precisamente, el que rechazaba frontalmente el mercado. No en vano, tras el rescate de Bankia y el salvamento de CCAA en quiebra, el Estado asumiría explícitamente sus deudas en un momento en el que las cuentas del Gobierno central están al límite. Si, finalmente, el Ejecutivo aprueba el próximo viernes este aval explícito sin control previo (reteniendo recursos autonómicos de antemano), será la "puntilla" para España, insisten estas mismas fuentes.