La enorme y cada vez más indiscutible responsabilidad que han tenido los bancos centrales en la gestación de la Gran Recesión ha cortocircuitado el discurso demagógico de muchos estatistas que gustan de culpar al mercado, a la desregulación y a la libertad de los desastres que actualmente padecemos. Si el mercado es malo y el Estado es bueno, si lo que necesitamos es más Estado y menos mercado, si el mundo de las finanzas –e incluso nuestras vidas– está manejado por las malévolas megacorporaciones privadas, ¿cómo es posible que la crisis, tanto en EEUU como en Europa, sea responsabilidad fundamental de unas entidades que son monopolios públicos?
La vía de escape que algunos han encontrado para conservar intactos sus prejuicios contra los mercados libres es que la Reserva Federal estadounidense, el banco central por excelencia, es, en realidad, una entidad privada. De este modo, todo el desastre queda en la casa liberal: quien ha fracasado en las últimas décadas no es el Estado, sino los codiciosos empresarios que controlan la Fed en beneficio propio.
Pero, ¿qué fundamento tiene este tópico cada vez más extendido? ¿Acaso no es un completo disparate que cabe descartar desde un inicio? Pues no del todo: existen ciertos indicios que, en efecto, parecen sugerir que la naturaleza de la Fed se aproxima a la de una entidad privada. Primero, la Reserva Federal es formalmente independiente del Gobierno; segundo, la Fed es propiedad de los 12 bancos regionales de la Reserva Federal, cuyos accionistas son todos aquellos bancos privados que opten por ser miembros del sistema de financiación de la Fed (alrededor del 40% de todos los bancos estadounidenses son bancos miembros y, por tanto, accionistas de la Fed).
En suma: propiedad privada y gestión independientes del Gobierno. ¿Qué más argumentos necesitamos para concluir que es un banco privado? Pues bastantes más. Si no queremos quedarnos en un análisis superficial de la cuestión, es imprescindible profundizar en tres aspectos básicos de la Fed: la génesis de sus estatutos, la selección de su equipo directivo y la naturaleza de su capital social.
En cuanto a lo primero, sabido es que toda corporación privada se regula según unos estatutos aprobados por la Asamblea General de accionistas dentro, en su caso, de los límites marcados por la ley. ¿Qué sucede con la Fed? Que sus estatutos no es que estén acotados por una normativa estatal sino que son una normativa estatal, en concreto, la Ley de la Reserva Federal. No son los accionistas quienes consensúan la normativa y los procedimientos de actuación de la compañía, sino que es el Estado quien controla todo su funcionamiento. Por tanto, ¿cómo calificar de "propietarios" a quienes no tienen capacidad alguna para determinar ningún detalle de su marco organizativo?
La segunda gran anomalía la encontramos en la selección del equipo directivo. El Consejo de Gobierno de la Fed, que es el órgano que fija el coeficiente de caja y el tipo de descuento, que supervisa al sistema bancario del país (incluyendo a los 12 bancos regionales de la Fed) y que establece las más diversas regulaciones financieras, es nombrado en su integridad (siete miembros, incluido el presidente) por el presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Senado. Podría plantearse que, sin embargo, la instancia encargada de dirigir específicamente las operaciones de mercado abierto (hasta la crisis, el principal instrumento de financiación de los bancos) y, por tanto, quien concentra el auténtico poder de la Fed es el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés). Pero el FOMC está formado por los siete miembros del Consejo de Gobierno y por cinco de los 12 presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal (que van rotándose cada dos o tres años, salvo el de Nueva York que tiene un puesto fijo).
En general, tiende a pensarse que los presidentes de los bancos regionales representan los intereses de sus accionistas (los bancos privados) y que, pese a hallarse en minoría en el FOMC, pueden influir en sus decisiones. Sin embargo, si bien el presidente de los bancos regionales de la Reserva Federal es elegido por su respectivo consejo de administración –compuesto por nueve miembros, seis de los cuales son elegidos por sus accionistas y tres por el Consejo de Gobierno de la Fed–, su nombramiento necesita ser confirmado a su vez por el Consejo de Gobierno de la Fed (que en su totalidad está compuesto, como sabemos, por comisarios políticos nombrados por el presidente de EEUU).
Por tanto, ¿quién nombra a quienes dirigen la Fed? El presidente de EEUU, junto con el Senado, nombra al Consejo de Gobierno, que es quien controla todos los engranajes de la política monetaria del banco central (pues tiene mayoría en el FOMC y acepta de manera vinculante la designación del resto de sus miembros). Extraña empresa privada aquella en la que la totalidad de los accionistas no tienen potestad para sustituir a sus directivos y decidir el rumbo de la compañía y que, en el mejor de los casos, sólo pueden ser "escuchados" durante las deliberaciones de esos directivos.
Acaso se diga que, en efecto, el Consejo de Gobierno de la Fed es nombrado por el presidente de EEUU pero que es independiente al mismo. Mas ello no cambia que los directivos sean designados por los políticos y no por sus presuntos accionistas. Como reconoce la propia Fed en su página web: "La Reserva Federal debería ser descrita más como 'independiente dentro del Estado' que como 'independiente del Estado'". Es decir, la propia Fed reconoce que es un órgano estatal pero independiente del resto de burócratas que integran el Estado. Algo así como el Banco de España, vamos.
Por último, nos queda por dilucidar el asunto de la naturaleza de su capital social. De acuerdo, podría pensarse, los políticos confeccionan la normativa y designan a los directivos de la Fed pero su naturaleza sigue siendo la propia de una corporación con accionistas 100% privados. ¿Es esto así? No del todo. Como ya sabemos, todo banco privado miembro del sistema de la Reserva Federal debe ser accionista del banco regional de su distrito (los bancos con presencia nacional tienen la obligación legal de ser miembros y por tanto accionistas). En concreto, cada banco privado debe invertir en nuevas acciones del banco regional de la Reserva Federal de su distrito el equivalente al 6% del capital social (incluyendo primas de emisión) de ese banco privado.
En apariencia, podría elucubrarse que los grandes bancos, con un mayor capital social, tenderán a ser los accionistas mayoritarios de los bancos regionales de la Fed y que, por tanto, podrán coaligarse para nombrar a sus presidentes e influir en el FOMC. Sin embargo, cada accionista tiene derecho a un solo voto con independencia del número de acciones que posea, de modo que JP Morgan o Citigroup tienen el mismo peso, a la hora de elegir el presidente del distrito, que cualquier otro de los más de 3.000 bancos miembros en todo EEUU.
Pero las peculiaridades del capital social de la Fed no terminan aquí. Los accionistas no pueden ni vender ni hipotecar sus acciones: su capital sigue forzosamente inmovilizado allí mientras sigan siendo miembros del sistema. Pero entonces, ¿qué beneficios, más allá de los raquíticos derechos políticos y de los escandalosos privilegios de acceder al crédito barato del banco central, tiene ser accionista de la Fed? Percibir un dividendo equivalente al 6% de la inversión.
Desde luego no es un mal dividendo. Es más podría tratar de argüirse que el hecho de pagar una remuneración tan alta a empresas privadas es una señal inequívoca de que la Fed es un títere de esas entidades. Mas el dividendo de la Fed tiene una característica decisiva que lo distingue del que pueda pagar cualquier otra empresa privada: viene fijado por ley. En concreto, si hay beneficios suficientes, no puede ser superior ni inferior al 6% del capital desembolsado.
En la práctica esto significa que sólo una diminuta parte de sus beneficios anuales redunda en sus supuestos propietarios. ¿Y qué pasa con el resto? Según la ley, todos los beneficios remanentes van a parar al Tesoro público. Así, por ejemplo, de los 855.000 millones de dólares en beneficios que ha obtenido la Reserva Federal desde su constitución, 841.000 millones se los ha quedado el Tesoro o agencias estatales y sólo 14.000 millones los bancos: esto es, el Tesoro ha absorbido el 98,6% de todos los beneficios de la Fed desde su creación. De ahí que, en realidad, la figura que verdaderamente se asimila a la de los bancos accionistas de la Fed no sea la de accionistas ordinarios de la entidad sino la de propietarios de participaciones preferentes (ausencia de derechos políticos, remuneración constante en presencia de beneficios y enormes dificultades para su transmisión).
En definitiva, ¿en qué sentido cabe considerar 'privada' a una entidad cuyos estatutos son una ley estatal, cuyo equipo directivo es nombrado en su mayoría por el Gobierno y cuyos beneficios van a parar en un 99% al Estado? En ninguno. Lo que sucede es que la Fed tiene un accionista predominante en la sombra que es el Estado: es él quien redacta los estatutos, quien nombra y fiscaliza al equipo directivo y quien se embolsa la práctica totalidad de los beneficios. Los accionistas privados –los bancos miembros– no son más que convidados de piedra a los que, en la práctica, se les obliga a sufragar con su capital la Reserva Federal a cambio de disfrutar de sus privilegios de refinanciación, pero que no controlan prácticamente nada de su configuración. Es más una inmovilización forzosa pero remunerada del capital que un derecho de propiedad real sobre el sistema.
Quienes, por consiguiente, quieran demostrar que la Reserva Federal es un contubernio privado para beneficio de la banca y que todo ello demuestra la perversa naturaleza del capitalismo liberal deberán buscar mejores argumentos. Primero porque, como hemos demostrado en las líneas precedentes, la Fed es un banco público, aun cuando formalmente sus propietarios (más bien, accionistas preferentes) sean los bancos privados. Y segundo y principal: porque aun cuando el banco central estadounidense fuese una institución privada que hubiese obtenido el privilegio gubernamental de actuar en régimen de monopolio (como sucedió durante décadas con el Banco de Inglaterra), no estaríamos ante una realización de los ideales del libre mercado, sino ante su brutal conculcación. El libre mercado en materia financiera pasa por la libertad de emisión de pasivos bancarios (sean billetes o depósitos a la vista) y no por su monopolización en manos de una empresa privada o, como sucede con la Fed o el BCE, de una agencia estatal.
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