Esas dudas son lógicas a tenor del comportamiento reciente de las autonomías más endeudadas de España. Cuando Cataluña se quedó sin recursos financieros, la Generalitat catalana optó por emitir ‘bonos patrióticos’ antes que renunciar a sus disparatados niveles de gasto público, en especial a todo áquel relacionado con las políticas independentistas. La Comunidad Valenciana hizo tres cuartos de lo mismo. Ahora, ninguna de ellas puede devolver ese dinero y siguen necesitando más recursos, pero, visto lo anterior, los mercados se los niegan. En consecuencia, parece lógico que el Estado tenga que intervenir en apoyo de las autonomías, salvo que queramos que se declaren ya en quiebra. Hasta Estados Unidos, a raiz de la actual crisis económica, ha tenido que poner en marcha un programa de apoyo a los Estados para que puedan eludir la bancarrota. Eso sí, las ayudas de la administración federal no solo están condicionadas al cumplimiento de sendos programas de ajuste presupuestario, sino que, además, cuando se trata de medidas de apoyo a través de transferencias de dinero publico, en todo momento el Gobierno y los ciudadanos saben en qué se está gastando cada dólar. Por tanto, no debería resultar extraño que el Ejecutivo español también busque formulas de apoyo a las autonomías. La cuestión es la manera en que debe materializarse dicho apoyo.
Desde el Gobierno se insiste en que ese apoyo debe estar condicionado al cumplimiento de todo un programa de saneamiento por parte de las autonomías. Incluso, el Ministerio de Economía aboga por una formula que implique retenciones de los recursos que se transfieren todos los años a los gobiernos regionales para garantizar el pago de las deudas de las autonomías. Sin embargo, los gobiernos regionales se oponen a cualquier tipo de condicionalidad de esas ayudas. El Estado cometería un gran error si se pliega a esta exigencia. Si no se establecen condiciones a las ayudas, las autonomías seguirán haciendo de las suyas, esto es, malgastando el dinero de todos en lugar de llevar a cabo los necesarios ajustes que tienen que realizar en sus gastos. Es más, en casos como el de Cataluña, donde la Generalitat se ha embarcado en una deriva independentista clara, cualquier tipo de apoyo financiero que se le conceda debería venir acompañado de un sistema de retenciones como el que propone el Ministerio de Economía, por lo que pueda suceder en el futuro. En cualquier caso, lo que nunca debe hacerse es conceder barra libre a las autonomías porque entonces volverán a las andadas y no cumplirán la parte del ajuste fiscal español que les corresponde.
Por supuesto, las autonomías siempre dirán que la condicionalidad supone restringir la capacidad para tomar decisiones que les otorga la Constitución. Este, sin embargo, no es un argumento válido. Y es cuestión de política económica el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público. Por otro, no hay que olvidar que los recursos que financian a las autonomías salen del bolsillo del conjunto de ciudadanos y empresas de este país, no del de los de cada autonomía. El Estado, por ello, tiene la obligación de velar porque dichos recursos se empleen como se tienen que emplear, digan lo que digan las autonomías. Por todo ello, y porque la experiencia internacional demuestra que o se ponen condiciones a las ayudas, o quien las percibe no hace sus deberes, la condicionalidad debe estar presente en cualquier programa de apoyo financiero a las comunidades autónomas. Y a la que no le guste, ya sabe, a entendérselas con los mercados como buenamente pueda.