El Gobierno decidirá en un año si eimina licencias previas a bares y restaurantes

El Gobierno revisará dentro de un año el funcionamiento del Real Decreto Ley que suprime las licencias municipales de apertura de pequeños comercios para, en función de su eficacia, decidir si se amplía a establecimientos de mayor superficie o a otras actividades, entre las que podrían incluirse bares y restaurantes.

Según fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad, los establecimientos de hostelería no se han incorporado a la norma por cautela, al ser negocios que requieren ciertas medidas de seguridad, como salidas de humo o salidas de emergencia, pero no se descarta que "en un futuro" se aplique esta normativa a locales de "hasta un determinado aforo".

No obstante, se trata de una "Ley de mínimos", lo que implica que las comunidades autónomas que así lo decidan pueden ampliar en su territorio su aplicación a comercios con más de 300 metros cuadrados y a otras actividades, incluida la hostelería ,informa Europa Press.

El Gobierno deja la puerta abierta a suprimir licencias municipales a establecimientos de cualquier tamaño, incluidas grandes superficies (más de 2.500 metros cuadrados), aunque éstas siguen requiriendo también en algunos casos licencias autonómicas.

La norma de la denominada 'autolicencia exprés', que publicará previsiblemente mañana el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor el lunes, pone fin a un régimen de expedición de licencias municipales previas a la apertura de negocios vigente desde 1995.

Desde el departamento que dirige Luis de Guindos destacaron que el nuevo sistema reducirá costes para los promotores del negocio, contribuirá a regularizar los comercios que actualmente operan sin licencia por la simplificación de los trámites y adelantará ingresos a los ayuntamientos. También consideraron que contribuye a la lucha contra la corrupción.

Según las mismas fuentes, el coste medio en gastos de local para un comercio que ha tenido que esperar un año a recibir la licencia correspondiente para poder abrir oscila, en función de su ubicación, entre 50.000 y 132.000 euros. A este coste, suman "el PIB que se deja de generar por las ventas que no se hacen".

No subirán las tasas

Con el nuevo modelo, el dueño de un local puede abrir tras notificar al Ayuntamiento su intención de hacerlo y acompañar su comunicación de un certificado técnico --cuyo precio es libre, a negociar entre comerciante y técnico-- y del justificante de pago de las tasas municipales, que desde el Gobierno aseguran que no subirán. De este modo, se pueden reducir los plazos desde el máximo de dos años que alcanzaban hasta ahora a unos 15 días.

La competencia inspectora se mantiene en los ayuntamientos y el régimen sancionador no varía, al tiempo que se habilita la figura de las entidades colaboradoras para que las administraciones locales se apoyen en ellas para ejercer la labor inspectora.

Horarios comerciales

El Ministerio de Economía asegura que ninguna comunidad autónoma se opuso a esta normativa cuando fue expuesta por la Secretaría de Estado de Comercio hace unos meses, aunque reconoce que la liberalización de horarios comerciales genera mayores discrepancias.

Desde el departamento de De Guindos, que también está conversando con todos los agentes del sector, advirtieron de que "el tiempo es limitado para llegar a un acuerdo", que deberá producirse este año.