El PP y CiU han sacado adelante la reforma laboral en la Comisión de Empleo del Congreso remitiendo el proyecto al Senado tras incorporar casi medio centenar de enmiendas, entre ellas las transaccionales presentadas este mismo jueves que han provocado airadas críticas dado el poco tiempo concedido para poder estudiar esos textos alternativos.
Aunque la Comisión de Empleo de la Cámara baja estaba convocada a las 9.30 horas, la presentación de 27 transaccionales a enmiendas de todos los grupos parlamentarios por parte del PP ha obligado al presidente del órgano, José Eugenio Azpiroz, a retrasar una hora el inicio de la sesión, si bien posteriormente ha rechazado las peticiones de la oposición de que la aplazara hasta este viernes.
Así, pasadas las 11.00 horas ha dado comienzo el debate, de casi tres horas más otra de votación, durante el que se han repetido los argumentos en contra de la reforma por parte de la mayoría de la oposición, que considera que la ley sólo provocará más paro y más recesión económica, acaba con la negociación colectiva y consagra la precariedad laboral, especialmente entre la población joven.
Además, han criticado los mecanismos utilizados por el Gobierno para aprobar la reforma (primero el decreto ley y, ahora, el debate de enmiendas presentadas en el último minuto), acusándole de "hurtar" el debate parlamentario y rechazando los argumentos de urgencia, dado que la reforma está en vigor desde febrero y que la mayoría absoluta del PP despeja cualquier tipo de incertidumbre. Por todo ello, han mantenido sus enmiendas parciales que, no obstante, han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP.
"Inadecuada e inoportuna"
Así las cosas, el socialista Jesús Caldera ha calificado la reforma de "inadecuada e inoportuna" y ha alertado de que "no va a conseguir los objetivos" que se persiguen al incluir únicamente medidas cíclicas. También ha pronosticado que provocará una caída "generalizada de salarios" que tampoco garantizará una mejora de la competitividad, no dará más estabilidad y no promoverá un cambio del mercado laboral.
Por su parte, el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha añadido a estos argumentos que la reforma "se carga la negociación colectiva y expulsa a los sindicatos de las relaciones laborales" y ha lamentado que reducir la ultraactividad de los convenios de dos a un año supondrá "aceptar condiciones peores" para los trabajadores. "La reforma laboral ni es buena para los trabajadores, ni para los empresarios ni para el país", ha afirmado.
Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha criticado el "importante sesgo" a favor de los empresarios y la "progresiva precarización" del mercado de trabajo y, aunque ha reconocido que es necesario modificar la legislación laboral, ha pronosticado que el texto "acelerará aún más la destrucción de empleo", informa Europa Press.
"Mal día para el estado de bienestar"
Para el diputado del PNV Emilio Olabarria el día de hoy ha sido "muy triste para el estado de bienestar", porque se está "acabando" con la legislación laboral al "descausalizar" el despido y se perjudica a los trabajadores. Además, ha preguntado "cuál es la bondad de la reforma en materia de creación de empleo" y "cuándo se empezará a contratar".
Para Uxúe Barkos, de Geroa Bai, la reforma "da palos de ciego", lo mismo que ocurría con la aprobada por el Gobierno socialista en 2010, mientras que para la diputada del BNG Olaia Fernández Davila "ahonda en los errores" al "reducir los derechos de los trabajadores" a la par que permite "la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso".
El portavoz económico de Amaiur, Rafael Larreina, ha coincidido en esos argumentos y ha reclamado una "estrategia diferente ante la crisis" y las transferencias de competencias completas en materia laboral al País Vasco. "La reforma va a salir peor de lo que entró en la comisión", ha añadido.
Por todo esto, algunos grupos como la Izquierda Plural o el PNV han alertado de que la reforma incluye causas de inconstitucionalidad, lo que llevará a IU-ICV a recurrir al Tribunal Constitucional para que estudie el texto, lo mismo que harán los sindicatos. A la luz de lo aprobado finalmente, también el PSOE podría ir por la vía judicial, según anunció hace unas semanas.
CiU sí apoya la reforma
Así, la única voz discordante de la oposición ha sido la de CiU, que ya apoyó la convalidación del decreto ley y que ha pactado todo un paquete de enmiendas con los 'populares' para modificar asuntos como la invasión de competencias autonómicas o los despidos por absentismo laboral. "CiU votará a favor del dictamen de la reforma porque nuestras principales preocupaciones quedan resueltas", ha explicado su portavoz en Empleo, Carles Campuzano.
Eso no ha sido óbice para que también los nacionalistas catalanes hayan mantenido otras enmiendas que no han sido incorporadas al texto por el PP, entre las que se cuenta por ejemplo la propuesta de analizar las posibilidades de crear un sistema bonus/malos de cotizaciones por desempleo.
Por su parte, la 'popular' Carmen España ha defendido la necesidad de adoptar medidas urgentes ante la coyuntura económica y la escalada de los datos del paro, y ha rechazado las diferentes críticas de la oposición, asegurando que se respeta a los agentes sociales, se protege a los trabajadores y se mejora la competitividad de las empresas.
"Queremos que el despido sea el último recurso para las empresas, pero no es verdad que se permita hacer cambios de forma unilateral. Además, intentamos aclarar las causas del despido para evitar problemas judiciales y se dan muchas más oportunidades a las mujeres para encontrar un empleo", ha defendido, recordando a todos los diputados su "corresponsabilidad" en materia legislativa y reclamando su apoyo al texto.
Aprobación definitiva en el senado
Así las cosas, el texto definitivo del proyecto de ley de reforma laboral ha sido modificado con 47 enmiendas, entre ellas las 21 presentadas por el PP --parte han sido aceptadas directamente y otra parte, pactadas con propuestas similares de la oposición-- y las ocho modificaciones que se han aceptado a otros grupos.
Entre los cambios más destacados figuran la decisión de limitar el contrato indefinido de emprendedores a la existencia de un nivel de paro superior al 15%, la fijación de las causas objetivas cuando haya una caída en los ingresos ordinarios, la clarificación del despido por absentismo laboral para excluir a enfermos crónicos, graves o de cáncer; o la creación de nuevas bonificaciones para autónomos o para empresarios del turismo, así como el fomento de la contratación de discapacitados y de víctimas de género y de terrorismo.