En sólo una semana la Comunidad de Madrid va a albergar nada menos que 70 manifestaciones y concentraciones del más variado signo, una cifra realmente abultada que sin embargo es la tónica habitual desde que tomó posesión el actual ejecutivo. La mayoría de los actos, prácticamente la mitad, ha sido convocada por los distintos sindicatos, cuya euforia reivindicativa se ha exacerbado milagrosamente tras el desalojo de los socialistas del gobierno el pasado 20 de noviembre, como acertadamente ha señalado la delegada del Gobierno en la comunidad.
No cabe duda de que el derecho a convocar una manifestación pública ha de ser respetado en un régimen de libertades. Nuestra constitución, en su artículo 21, reconoce expresamente ese derecho sin más requisito que su comunicación previa a la autoridad, como garantía del ejercicio legítimo de esa facultad reconocida a todos los españoles.
Ahora bien, también los habitantes de la comunidad madrileña tienen derechos que las mismas autoridades tienen que proteger, en régimen de igualdad con el de los manifestantes a desarrollar sus concentraciones cívicas. La responsabilidad de la Delegación del Gobierno es arbitrar los medios para que el derecho de unos no vulnere la libertad de otros, y lo cierto es que con setenta manifestaciones y concentraciones en tan sólo una semana, conciliar ambas exigencias es prácticamente imposible.
Madrid es la capital de España y la sede de las instituciones básicas del Estado, por lo que cualquier acto reivindicativo tiene aquí mayor repercusión que en cualquier otro lugar de España. Es inevitable por tanto que, cuando el objeto de la protesta tiene un carácter general, el lugar elegido para su desarrollo sea la capital de la nación. Lo que no es tan lógico es que, junto a las concentraciones contra una determinada política del gobierno de España, como las que desarrollan los sindicatos contra la reforma laboral, se convoque un rosario de actos reivindicativos que cuanto menos pueden catalogarse de pintorescos.
Como hemos recogido aquí, algunos de los motivos para la convocatoria de estos actos callejeros son por su propia naturaleza ciertamente peculiares, cuando no marginales, como la "solidaridad con los afrodescendientes" o la "denuncia del acaparamiento de tierras en el África Subsahariana". Son sólo dos ejemplos de concentraciones convocadas que, a pesar de su carácter minoritario, provocarán no sólo la incomodidad de los vecinos y comerciantes de los lugares en los que se llevarán a cabo, sino también el correspondiente gasto público en las tareas de seguridad que cualquier concentración ciudadana requiere forzosamente.
El ministerio de Interior ya ha anunciado su decisión de trasladar a los organizadores de espectáculos deportivos el coste de los medios que el gobierno pone a su disposición para garantizar la seguridad ciudadana. Tal vez una medida similar para que los convocantes asuman una parte del coste que provocan a las arcas públicas, aunque sea de forma simbólica ya que no se trata de actos lucrativos, serviría de mecanismo disuasorio natural. El gobierno es el que ha de tomar las decisiones oportunas, pero de lo que no cabe duda es que los habitantes de Madrid también tienen derecho a que la vida en su ciudad no se vea alterada constantemente como viene ocurriendo desde que los socialistas abandonaron el poder.