La Generalidad de Cataluña ha aprobado este martes su nuevo plan de ajuste, el tercero que aprueba en un año y cuatro meses, y que implica una reducción presupuestaria de 1.500 millones de euros.
Para lograrlo, el presidente Artur Mas ha concretado en rueda de prensa varias medidas: reducir un 5% los complementos salariales de los empleados públicos y los complementos que paga el Gobierno catalán a funcionarios del Estado; introducir una matrícula "modesta" en los ciclos formativos; suspender la convocatoria de subvenciones hasta rehacer las condiciones; privatización de concesiones de autopistas que gestionan empresas públicas (como ocurre con los Túneles de Vallvidrera); y despido de trabajadores de empresas públicas.
Según el presidente catalán, la Generalidad toma estos ajustes "obligado", aplicando al pie de la letra los decretos sobre educación y salud que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy. En un primer momento el Gobierno catalán aseguró que estos decretos apenas tendrían un impacto presupuestario, cifrándolo en poco más de 150 millones, pero Mas asegura ahora que se cree la "palabra" de Rajoy y que se podrán ahorrar 1.500 millones aplicando estos decretos y otras medidas, cumpliendo así el déficit previsto para final de año, del 1,5% del PIB catalán. Cumplir el déficit es el objetivo de la Generalidad, por lo que Mas no descarta que en un futuro pueda haber nuevos recortes, aunque ha añadido que todas estas medidas no serían necesarias si Cataluña tuviera el pacto fiscal que anhela.
La Generalidad congela por ahora la concesión de subvenciones: es una suspensión temporal, a la espera de cambiar los procedimientos, para priorizar sólo aquellos ámbitos en que el dinero público está totalmente justificado y es imprescindible.
En empresas públicas también se prevén cambios: se contemplan privatizaciones, insistiendo en la de Tabasa, la empresa que gestiona los Túneles de Vallvidrera y que es pública, aunque no se han concretado otras compañías públicas que podrían pasar a manos privadas. También en las empresas públicas se prevén nuevos despidos: no serán "masivos", pero los habrá en aquellas compañías en que la crisis ha reducido sensiblemente su actividad, y como ya los ha habido en estos últimos tiempos en Gisa y el Institut Català del Sòl (Incasòl), entre otras.
En cuanto a función pública, van a reducirse los complementos que paga la Generalidad a funcionarios del Estado, por lo que se extiende el recorte del 5% en las nóminas de los empleados públicos de la Generalidad, que repercutirá en las dos pagas extra.
Por ahora se descartan nuevas tasas en salud, aunque Mas sí ha hablado de que hace falta más "corresponsabilidad" del usuario y de que hay que evitar un exceso de uso de los servicios sanitarios cuando no es necesario. En cambio, los estudiantes de Formación Profesional (FP) que estudien en centros públicos deberán pagar una nueva tasa; y en sanidad, se intentará ingresar a los enfermos de larga duración en centros sociosanitarios y no en hospitales de primer nivel, para reducir costes si no necesitan tratamientos médicos complejos.
Se mantienen líneas estratégicas, como la venta de patrimonio público como edificios y la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), además de la defensa del autogobierno y de tener la "austeridad como valor".
Mas ha asegurado que la Generalidad es consciente de que no pueden cruzar determinadas "líneas rojas", como un gran deterioro de las prestaciones sociales, pero ha dicho que pueden ser necesarios nuevos ajustes según cómo evolucione la situación macroeconómica.
La Junta prevé recaudar 1.000 millones más
Por su parte, el recorte de los 2.500 millones de euros del presupuesto de la Junta de 2012 aprobado este martes por el Gobierno andaluz para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 % afectará a complementos salariales de los funcionarios y se traducirá en una subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Económico y Financiero de la Junta de Andalucía para cumplir con la legalidad del 1,5% del déficit previsto para las comunidades autónomas, un asunto que se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo jueves.
Según ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo ha reducido en unos 200 millones de euros la previsión de reducción de gasto aprobado en una de las últimas reuniones del Gobierno andaluz en funciones.
Además de esta reducción del gasto, el Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de medidas fiscales con el objetivo de ingresar mil millones de euros, según la consejera, quien ha subrayado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo son "equilibradas, justas y equitativas".
Dentro del Plan Económico y Financiero aprobado por el Gobierno andaluz destaca también el anuncio del Ejecutivo de que no aplicará el aumento de la ratio escolar y la "reprogramación" de unos 570 millones de euros en inversión pública, de forma que no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales.
En el capítulo de gastos, la Junta llevará a cabo una reducción de altos cargos y delegados (seis por provincia) como consecuencia de la reducción de consejerías, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con su homólogos en la Administración del Estado, lo que conllevará una reducción del 5 % en las retribuciones del presidente de la Junta, consejeros, viceconsejeros y personal asimilado.
En aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera "flexible" la jornada laboral a 37,5 horas de los empleados públicos, a los que se disminuirá las horas extraordinarias. Martínez Aguayo ha calculado que la reducción salarial de los empleados públicos oscilará entre el 0 y el 6,5 % según las categorías, aunque el personal laboral funcionario interino y laboral temporal verá reducida su jornada y, por tanto el salario, en un 15 %.
Además, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y diciembre y se reducirán en el sector público instrumental aquellos complementos que no formen parte del salario básico. También disminuirán un 10 % las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.
Respecto a los ingresos, destacan las medidas de ajuste en materia fiscal de forma que se modifica en los últimos tramos la tarifa autonómica del IRPF, que pasará del 23,5 % en el caso de rentas entre 60.000 a 120.000 euros, y al 25,5 % para rentas de 120.000 euros en adelante.