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Kirchner acusa a España de "discriminar" a Argentina

Los lamentos de Cristina Fernández se refieren a la decisión de limitar la entrada de biodiésel, la respuesta que dio España a la expropiación de YPF.

El Gobierno argentino ha enviado una carta a la Unión Europea (UE) en la que expresa su preocupación y pide explicaciones por la decisión de España de limitar la entrada de biodiésel argentino en el país, ya que considera que supondrían una violación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según informó la Cancillería en un comunicado.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha enviado a través de su embajada ante la Unión Europea una carta al director general de Comercio de la UE, Jean Luc De Marty, para expresarle su "gran preocupación" por la orden ministerial del Gobierno de España que "prohíbe el uso de biodiésel no producido en la Unión Europea".

Según el Ejecutivo argentino, esta norma representa una "discriminación" que, de no ser corregida por la Unión Europea, afectaría a la mitad de sus exportaciones a España y a casi el 10% de las exportaciones totales del país a la Unión Europea. La semana pasada el Gobierno argentino imponía restricciones comerciales a los jamones españoles e italianos.

En su opinión, la norma adoptada por España no debió ser permitida por la Unión Europea, ya que "sería incompatible con los compromisos asumidos" en acuerdos de comercio internacional, así como con la normativa dictada por la Organización Mundial del Comercio.

Asimismo, en la carta se le recuerda a la UE que desde el 2010 Argentina ha realizado gestiones ante España con miras a evitar la aplicación de una medida discriminatoria contra los países no miembros de la Unión Europea. "España y la Unión Europea han preferido ignorar dichas advertencias", añade.

El Gobierno español presentó el pasado 20 de abril una orden ministerial para asignar cuotas de producción de biodiésel en las plantas españolas, lo que limitará la entrada del producto refinado procedente de Argentina, en el marco de las acciones adoptadas por el Ejecutivo en contra de la decisión de Argentina de expropiar un 51% de YPF.
 

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