El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una nueva reforma financiera que obligará a la banca a aumentar las provisiones sobre los créditos sanos en unos 30.000 millones de euros, al tiempo que obliga a colocar sus activos inmobiliarios en firmas externas.
Estos 30.000 millones se suman a los 54.000 millones de provisiones que bancos y cajas de ahorros tienen que provisionar para hacer frente a sus créditos inmobiliarios dudosos, por lo que el saneamiento extra del sector se situará al cierre de 2012 en cerca de 84.000 millones de euros. De este modo, las entidades financieras contarán con una cobertura de sus carteras crediticias al sector inmobiliario del 45%.
El reparto de provisiones adicionales entre las principales entidades se resume en el siguiente gráfico:
- BFA-Bankia ha calculado que tendrá que hacer provisiones adicionales por 4.813 millones de euros para cumplir las nuevas exigencias aprobadas por el Gobierno para el saneamiento de sus activos inmobiliarios, de los que 4.722 millones corresponden a Bankia y 91 a BFA. El grupo se limita a apuntar que "comparte plenamente" los objetivos de la reforma financiera y que mantiene "un compromiso claro de saneamiento y contribución a la reestructuración del sector financiero".
- El grupo Santander en España (incluido Banesto) ha cifrado en 2.700 millones de euros, antes de impuestos, el importe de las provisiones que deberá constituir. Según la entidad, esta provisión, junto con los 2.300 millones de euros pendientes de dotar de la anterior normativa, quedará ese año "íntegramente cubierta" con cargo a las plusvalías y la cuenta de resultados, con un impacto de 2.900 millones en las cuentas del grupo.
Santander subraya que los dos saneamientos no tendrán impacto en los actuales ratios de capital del grupo y que mantiene su compromiso de retribuir a sus accionistas con 0,60 euros por acción en el ejercicio 2012. De los 2.700 millones de euros que tendrá que aportar el grupo en nuevas provisiones para cumplir con la reforma, 600 millones corresponden a Banesto, como ha comunicado la entidad a la CNMV.
- Popular, por su parte, provisionará 1.695 millones, mientras que el Banco Pastor, con el que se halla en pleno proceso de fusión, requerirá 619 millones de euros netos. El Popular, que dispone de dos ejercicios para llevar a cabo este saneamiento al estar en curso la integración del Pastor, ha destacado que sus provisiones adicionales podrán ser absorbidas por las reservas disponibles y por la propia generación de recursos del Grupo "sin necesidad de ayudas públicas".
- Caixabank ha cifrado en 2.102 millones de euros (1.471 millones después de impuestos) el importe de sus provisiones. Caixabank señala que absorberá el impacto de los nuevos requerimientos de esta segunda reforma financiera del Gobierno gracias a sus buenos resultados y a sus plusvalías en la gestión de los balances. La entidad calcula que su ratio de capital principal ("core capital") seguirá siendo adecuado tras estas provisiones, y lo cifra en el 11,3 por ciento tras la aplicación del real decreto aprobado el viernes por el Gobierno.
- BBVA necesitará provisiones adicionales de 1.800 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias, cuyo impacto en los resultados estima aproximadamente en 1.300 millones, netos de impuestos. Las provisiones extra no tendrán impacto en el capital económico ni alterarán la actual política de dividendos.
- Banca Cívica ha cifrado en 1.287 millones de euros (901 millones netos de impuestos) sus provisiones. La constitución de estas provisiones se hará en el seno de la operación de integración con CaixaBank. La empresa ha añadido que, en el supuesto de que esta integración no se realizase, la dotación de provisiones conllevaría unas pérdidas netas de 1.143 millones de euros este año, lo que generarían un déficit de capital principal de 1.452 millones.
- Novagalicia Banco (NCG Banco) ha cifrado en 1.109 millones de euros las provisiones adicionales, lo cual le restará 776 millones de sus resultados de este año. Novagalicia Banco, fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia y en la que el Estado controla el 93 % a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya cerró 2011 con 168,7 millones de euros en pérdidas.
Para este año, calcula que la necesidad de dotar estas cantidades adicionales "minorarán los resultados del ejercicio en 776 millones de euros". Pese a esta estimación, la entidad prevé poder cubrir sus necesidades con el plan que presentó a finales de abril y que planeta vender mediante un concurso público "sin precedentes" más del 20 % de su capital, operación de la que se obtendrían unos 1.000 millones de euros.