El reciente sabotaje en el Metro de Madrid, durante el cual unos vándalos accionaron el freno de emergencia en una docena de trenes, fue defendido por los saboteadores con el argumento de que las tarifas habían experimentado una subida "abusiva... escandalosa... intolerable". Sus movilizaciones, aseguraron, continuarán "hasta que la subida de tarifas sea retirada y comience una bajada progresiva de los precios hasta que el acceso de todas las personas al transporte público esté garantizado".
Señalemos de entrada la asimetría de juicio de los saboteadores. En efecto, aunque el encarecimiento del billete pudiese ser motivo de repulsa genuina, es asombroso que no les haya merecido ningún comentario haber perjudicado a unos 8.000 usuarios del metro, muchos de los cuales habrían calificado su actuación como abusiva, escandalosa, e intolerable. Entrando en el punto en cuestión, la tarifa del Metro, también es interesante que ninguna de las personas que protestaron hizo mención alguna al hecho de que esa tarifa no cubre el coste total del transporte, como no lo cubre tampoco en el caso del tren o los autobuses urbanos. El que todos los contribuyentes no beneficiados financien a la fuerza, con sus impuestos, a los usuarios, algo que está muy extendido en los servicios públicos y el gasto llamado "social" del Estado intervencionista contemporáneo, no pareció revestir interés.
Vayamos a la reivindicación de los saboteadores: que el precio baje hasta que se garantice el acceso a "todas las personas". El objetivo, como siempre sucede con los intervencionistas de todos los partidos, es teóricamente inobjetable y prácticamente inalcanzable y con consecuencias imprevisibles y en muchos casos no deseables.
Una somera reflexión basta para concluir que ese precio en realidad no existe. Ni siquiera un precio igual a cero garantizaría el acceso de todos, por la sencilla razón de que todos no caben en el metro, y mucho menos cabrían todos a la hora en que todos quieren viajar habitualmente, y más que querrían viajar si el billete fuera gratuito. Estos desenlaces son típicos de los mercados distorsionados: así, por ejemplo, la sanidad subvencionada puede conseguir que usted no pague directamente su operación, pero rara vez o nunca conseguirá que usted se opere en la fecha y condiciones que usted elija; la educación universitaria gratuita puede desembocar en una calidad decreciente y en un número de licenciados que jamás conseguirán trabajar en aquello que han estudiado, e incluso un número apreciable de ellos tendrán dificultades para encontrar un empleo ajustado a otra licenciatura.
Precisamente lo que hacen los mercados, dada la inerradicable escasez, es asignar esa escasez de modo eficiente, impulsando a que los bienes y servicios escasos se dirijan a las personas que están dispuestas a entregar a cambio de esos bienes y servicios una cantidad suficiente de sus también escasos recursos. Cuando la política y la legislación impiden la libertad de contratación en el mercado, los resultados no son nunca tan felices como los intervencionistas propugnan.
En el caso del Metro los saboteadores, para redondear su asimetría, no dedican un minuto a explicar qué sucedería con los ciudadanos, porque son ellos y solo ellos los que pagan el billete. Si las autoridades reducen artificialmente el precio para que el transporte sea "accesible", eso sólo puede querer decir que aumentarán la presión fiscal sobre el conjunto de los contribuyentes, para compensar la diferencia entre el precio reducido del billete y el coste del servicio. En otras palabras, aquí hay mucho progresista que cree que lo importante es que sea accesible el Metro... y que a cambio el poder pueda acceder con aún más alacridad a las carteras de sus súbditos.