La prescripción de los delitos fiscales se eleva de 5 a 10 años

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación del Código Penal que prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora, y recoge que el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de 5 a 10 años.

Así lo ha anunciado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha señalado que este anteproyecto se remitirá a los principales órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, principalmente. La vicepresidenta ha indicado que se trata de una modificación de la ley de transparencia que precisa rango de ley orgánica.

Asimismo, el texto prevé que durante la tramitación del delito fiscal y en el tiempo de remisión a la fiscalía para la presentación de la querella puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes ante la Agencia Tributaria.

Sáenz de Santamaría ha indicado que con ello se pretende evitar que en la tramitación de los delitos fiscales haya casos, "por desgracia muy frecuentes", de desapoderamiento o de alzamientos de bienes por parte del deudor tributario que se beneficia de esa tramitación para vender sus bienes y evitar futuros cobros por parte de Hacienda. Además, la modificación del código penal refuerza las medidas para ser más ágiles ante el delito fiscal, especialmente con las tramas criminales de IVA.

En cuanto al fraude laboral, la vicepresidenta ha subrayado que se produce una minoración de las cantidades del límite para proceder por delito, "lo que permitirá tener más posibilidades para luchar contra ese fraude y la economía sumergida". También se amplía el plazo de prescripción de las figuras más graves hasta 10 años.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que habrá una mejor regulación en el fraude por subvenciones, especialmente en las prestaciones de la Seguridad Social y de desempleo, y que también se mejora la regulación de aquellos supuestos que afectan a derechos contra trabajadores en contrataciones que no cumplen las obligaciones laborales.