Las autonomías son parte, y muy importante, de nuestros problemas económicos. Por desgracia, no hacen más que resistirse a ser parte también de la solución. Los dirigentes autonómicos se están negando de forma sistemática a realizar el verdadero ajuste en los presupuestos regionales que exige el cumplimiento de los objetivos en materia de déficit pactados con la Unión Europea. Y es que no quieren aceptar que las cosas nunca volverán a ser como antes, porque ya no podrán contar con los ingentes ingresos extraordinarios que les aportó la burbuja inmobiliaria y que utilizaron para gastar más en vez de para recortar deuda y bajar los impuestos.
El problema fundamental es que ningún dirigente autonómico quiere dar marcha atrás en las políticas de gasto emprendidas por su respectiva comunidad autónoma, por mucho que no tenga sentido que, en España, haya diecisiete de todo. Cuando faltan los recursos, como es el caso en estos momentos, lo lógico es racionalizar el gasto y prescindir de todo aquello que no sea necesario ni se corresponda con la prestación de los servicios públicos esenciales a la población, esto es, con sanidad y educación. Por ejemplo, en todas las autonomías ha proliferado un sinfín de universidades públicas, muchas de las cuales no tienen ni siquiera el número mínimo de alumnos que garanticen su viabilidad económica. Esas universidades habría que cerrarlas. Sin embargo, ningún líder autonómico quiere asumir el coste político que implica semejante medida. Esta misma actitud se repite en otros muchos ámbitos y así no vamos a ningún sitio. De ahí que, ahora, algunos de ellos se estén planteando la devolución de algunas competencias al Estado, sobre todo las de sanidad y educación, que son las que más recursos absorben, pensando en trasladar el problema del ajuste al Gobierno de la Nación, cuando el ajuste lo tienen que realizar ellos también en todas las partidas que no tienen que ver con esos dos servicios públicos esenciales, por ejemplo, cerrando embajadas regionales en el exterior.
Así las cosas, el Gobierno central debería coger el toro por los cuernos y empezar a liderar el proceso de ajuste presupuestario de las autonomías, para lo cual debe hacer dos cosas. En primer lugar, debe redefinir el modelo de Estado, dejando bien claro qué son competencias estatales y qué son competencias autonómicas con el fin de evitar duplicidades y despilfarros. En segundo término, debe preparar planes de reestructuración a nivel nacional de la sanidad y la educación. En este último terreno, el Gobierno central debería redefinir un nuevo mapa universitario, cerrando universidades públicas por doquier y dejando abiertas solo las que cuenten con el suficiente número de alumnos para ser viables y que, además, tengan prestigio en términos de calidad de la educación o de investigación. Por supuesto, todo esto lleva tiempo y no se puede improvisar de la noche a la mañana. Así, para este ejercicio presupuestario, ya no hay margen para este tipo de medidas. Pero para los próximos sí hay tiempo para elaborar este tipo de planes sin los cuales no se podrá reducir el déficit, como acaba de advertir la Unión Europea. Mientras tanto, debería forzar a las autonomías a ser más ambiciosas en sus planes de ajuste.