La Comisión Europea certificará, con toda probabilidad, este viernes que los ajustes anunciados hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy, así como los planes de consolidación de las comunidades autónomas, son insuficientes para cumplir el compromiso de España con la UE de reducir el déficit público del 8,5% en 2011 al 5,3% este año y al 3% en 2013. No obstante Bruselas insiste en que podría relajar el objetivo de déficit para España. La Comisión afirmó este martes que el Pacto de Estabilidad permite "diferenciar" entre estados según su situación económica.
Si no se adoptan recortes adicionales, el déficit de España se situará en el 6% este año y en alrededor del 4% en 2013, según las previsiones económicas de primavera del Ejecutivo comunitario que se publican este viernes y que han sido adelantadas por la agencia Reuters. De hecho, según la estimación más pesimista del Fondo Monetario Internacional, España no llegará al 3% hasta 2018.
Bruselas rebajará también las cifras de crecimiento para España este año y en 2013. En su última actualización de febrero, la Comisión vaticinó que la economía española se contraería un 1% en 2012, mientras que el pasado noviembre todavía pronosticaba un crecimiento del 1,4% en 2013.
Sin embargo, el propio Gobierno español maneja cálculos mucho más negativos, de una contracción del 1,7% este año y un crecimiento de sólo el 0,2% en 2013. Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía española retroceda un 1,8% en 2012 y se mantenga casi estancada (0,1%) el año que viene. Las previsiones de Bruselas incluirán además cifras sobre la evolución del paro, apartado en el que también se prevé un empeoramiento.
O más tiempo o más ajustes
Si se confirman las cifras adelantadas de que España no cumplirá el objetivo de déficit se plantean dos escenarios. En primer lugar, la Comisión puede concluir que el Gobierno de Rajoy ha adoptado ya "medidas eficaces" para reducir el déficit y que aún así no logrará su propósito de cumplir los objetivos debido al empeoramiento de la situación económica.
En este caso, el Pacto de Estabilidad permite que el Ejecutivo comunitario proponga dar a España un año más (hasta 2014 en lugar de 2013) para corregir su desfase presupuestario. Es algo que ya hizo el anterior comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. En noviembre de 2009, y ante el empeoramiento de la situación económica, Almunia dio una prórroga de un año a España (2013 en lugar de 2012) para rebajar su déficit al 3%. Otros tres países -Francia, Irlanda y Reino Unido- se beneficiaron también de más tiempo.
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, no descartó el pasado martes dar una prórroga de un año a España para reducir el déficit si el Gobierno resuelve ya los problemas en el sector de las cajas de ahorro y controla el gasto de las comunidades autónomas. "El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no sólo permite, sino que aconseja, una diferenciación entre los Estados miembros teniendo en cuenta su margen presupuestario y situación económica", dijo Rehn en rueda de prensa al ser preguntado por si está sopesando dar a España más plazo para corregir su déficit excesivo.
La otra alternativa es que la Comisión exija al Gobierno que adopte de inmediato nuevos recortes. Para ello podría reactivar el procedimiento sancionador por déficit excesivo que la UE abrió a España a principios de 2009 y amenazar con una multa de hasta el 0,2% del PIB (alrededor de 2.000 millones de euros).
"Difíciles pero factibles"
Un alto funcionario de la UE ha asegurado este jueves que el Eurogrupo no se plantea dar un año más de plazo a España para recortar el déficit porque el Gobierno de Rajoy no lo pide. Los objetivos de España, ha señalado esta fuente, "son difíciles de lograr pero factibles". Y ha recordado que las previsiones de Bruselas se basan en políticas constantes y no tienen en cuenta posibles nuevas medidas.
La propuesta de la Comisión para una multa o más plazo para corregir el déficit no llegará probablemente este viernes. Habrá que esperar al día 30 de mayo, fecha en que el Ejecutivo comunitario tiene previsto publicar sus recomendaciones de política económica para cada uno de los Estados miembros.