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Bruselas analiza las ayudas a Bankia

Bruselas está aún estudiando si la operación constituye una ayuda del Estado que necesite el visto bueno comunitario.

La Comisión Europea (CE) estudia si la toma de control de Bankia, mediante la nacionalización de su sociedad matriz, supone una ayuda del Estado que necesite la aprobación comunitaria, en cuyo caso España tendría que enviar a Bruselas un plan de reestructuración de la entidad.

El portavoz de Competencia de la CE, Antoine Colombani, recordó hoy que cuando hay ayudas públicas a los bancos la UE puede aprobarlas si son necesarias "para preservar la estabilidad financiera", a condición de que se envíe en una etapa posterior un plan de reestructuración de la entidad.

Bruselas está aún estudiando si la operación constituye una ayuda del Estado que necesite el visto bueno comunitario y mantiene un estrecho contacto con las autoridades españolas, dijo en la rueda de prensa diaria de la CE.

"Hemos tomado nota de la inyección de capital en Bankia por parte del Gobierno español y estamos en contacto ahora mismo con las autoridades españolas", comentó Colombani, quien no quiso precisar si Bruselas ha solicitado a España una auditoría independiente del sector financiero español por una supuesta desconfianza en las evaluaciones hechas por el Banco de España.

El Gobierno español ha reiterado que no interviene Bankia, sino que decide convertir en acciones del grupo el préstamo de 4.465 millones de euros que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), le concedió a finales de 2010 para su creación.

Colombani tampoco quiso precisar si ese préstamo, que ya aprobó la CE en su momento, contemplaba la transformación de activos, en cuyo caso no se requeriría una nueva autorización comunitaria.

Después de la operación, el Estado será el principal accionista de Bankia en cuanto nacionalice su sociedad matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y aportará el capital que sea "estrictamente necesario" para sanearlo y asegurar su futuro.

El Gobierno, en un comunicado difundido por el Ministerio de Economía, explicó el miércoles que se va a proceder a nacionalizar el cuarto mayor grupo financiero español, con más de 400.000 accionistas, para garantizar su solvencia, dar tranquilidad a sus 10 millones de clientes y disipar las dudas de los mercados.

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