La economía española ha vuelto a entrar en recesión. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado lo que adelantó hace unos días el Banco de España: nuestra economía ha caído un 0,3% del PIB en el primer trimestre del año lo que unido a la caída del 0,4% en el último trimestre de 2011 nos coloca en esa situación.
Igualmente, la EPA nos ha mostrado un fuerte descenso del empleo en el primer trimestre del año, 374.300 ocupados menos, a añadir a los del último trimestre de 2011, 348.700 menos. A 31 de marzo de 2012 el número de parados asciende 5.639.500 personas y en los últimos 12 meses se han incrementado en 729.400.
Solo con estos datos e incluso para cualquiera que carezca de conocimientos económicos resulta claro que nos pasa algo: nuestra economía se comporta de forma sensiblemente peor que otras de nuestro entorno que, aún sufriendo la crisis que se vive en Europa, presentan cifras macroeconómicas mucho mejores que las nuestras tanto en crecimiento como, especialmente, en empleo.
Desde que tomó posesión, a finales de diciembre del año pasado, el Gobierno ha insistido una y otra vez en que era imprescindible realizar reformas estructurales que modificaran los condicionantes básicos de nuestra economía y así colocarnos en la senda de crecimiento y creación de empleo que tanto necesitamos. Ha insistido y lo ha hecho. Raro ha sido el viernes, día en el que se reúne el Consejo de Ministros, en el que no se hayan ido tomando decisiones que den respuesta a las debilidades a corregir.
- Consolidación fiscal. Nuestro Sector Público, central y territorial, es muy deficitario y, en el último caso, se ha financiado en buena medida con sus acreedores con grandes demoras en los pagos.
- Reforma del sistema financiero. Nuestras entidades, lejos de ser las campeonas de Europa como expresaron los anteriores gobernantes, están pasando por graves problemas de solvencia y de financiación que se traducen en el cierre de los créditos en España.
- Reforma del mercado laboral. La falta de competitividad y caída del crecimiento se ha saldado con la fuerte destrucción de empleo que se desprende de la EPA y es inédita en países de nuestro entorno.
- Reforma de los servicios públicos esenciales. Su sostenibilidad es un objetivo a alcanzar tanto en prestaciones como en calidad, lo que no sólo se pone en peligro por la situación financiera de las Administraciones públicas, sino también, y siendo parte significativa de esta situación, por distorsiones en la prestación que no se justifican ni por motivos económicos ni por motivos asistenciales.
- Sistema energético. Esencial para aumentar la competitividad que necesitamos para crecer.
- Consecución del mercado único interior. Nuestra organización territorial no debe ser un impedimento para nuestra competitividad.
Y así podríamos continuar en otros muchos campos.
Viernes tras viernes, hemos asistido en estos últimos cuatro meses a una fuerte actividad gubernamental que ha ido acometiendo por partes, y de acuerdo con su urgencia, las reformas oportunas.
En relación con la necesidad de consolidación fiscal, imprescindible para cumplir nuestros compromisos con Europa, aumentar la confianza en España y facilitar nuestra financiación, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley el 30 de diciembre de 2011 que realizó un primer ajuste en el presupuesto prorrogado y el 30 de marzo presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 que se encuentra en trámite de aprobación y que, con un importante esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas, cumple con nuestros compromisos europeos. En este sentido, debe recordarse que el cierre de 2011 afloró un déficit público del 8,51% del PIB, un 40% superior al comprometido, y el compromiso ajustado para 2012 supone una reducción en el año de 3,2 puntos de PIB, hasta el 5,3%.
En paralelo, se ha aprobado la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad presupuestaria, desarrollo de la reforma constitucional del pasado año que entra en vigor el día 1 de mayo. En el mes de febrero se aprobó una reforma del sistema financiero que, tramitada como Real Decreto Ley, se culminará en estos días y debe tener como consecuencia el saneamiento de un sector básico para que nuestra economía funcione. El esfuerzo ha ido encaminado a potenciar la solvencia del sistema y sanear sus balances en lo que respecta al deterioro derivado de la crisis del mercado inmobiliario.
Igualmente, en febrero, se aprobó un Real Decreto Ley de reforma laboral que pretende dar flexibilidad a nuestro mercado de trabajo e impulsar la contratación en nuestras pequeñas y medianas empresas, básicas en el tejido productivo español. En la actualidad, la reforma está en vigor pero se está tramitando como Ley en el Congreso de los Diputados.
En el mes de marzo, se ha dado forma al mecanismo de pago a proveedores de las administraciones territoriales que pone a disposición de muchas empresas españoles proveedoras de aquellas, un importe en torno a los 35.000 millones de euros que deben contribuir no sólo a mejorar su situación y frenar la fuerte sangría de empleo en la que nos encontramos, sino también a reanimar nuestra economía.
Por otra parte, en el mes de abril, el gobierno ha ejercido sus competencias en relación con la normativa básica en materia sanitaria y educativa para incorporar racionalidad económica en estos servicios esenciales sin demérito de las prestaciones y para ayudar a la consecución del objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas en el entorno de un punto de PIB.
En fin, frente a las voces que tachan la actuación del Gobierno de improvisada, sin plan y sin sentido, a lo que estamos asistiendo es a una labor de responsabilidad que se incluyó en el programa electoral, que se relató en el debate de investidura del presidente Rajoy y que se plasma de forma detallada en el Plan Nacional de Reformas que, de acuerdo con los calendarios marcados por Europa, se aprobó el pasado viernes, último de abril, en el Consejo de Ministros. En él nos encontramos lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, que todavía es mucho, y la firme intención de seguir trabajando para que España vuelva a crecer y a crear empleo.
Mª Elvira Rodríguez es responsable de Economía del PP y presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.