La Comisión Europea se ha declarado este miércoles "preocupada" por la expropiación de la filial boliviana de Red Eléctrica Corporación por considerar que envía una "señal negativa" a los inversores internacionales y ha pedido al Gobierno de Evo Morales una "compensación rápida y adecuada" por la nacionalización.
"Confiamos en que las autoridades bolivianas respetarán plenamente sus acuerdos de inversión con España y garantizarán una compensación rápida y adecuada por esta expropiación", ha dicho el portavoz de Comercio, John Clancy.
"La Comisión Europea está preocupada por la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar" la filial de Red Eléctrica Corporación y "vigila de cerca la situación", ha resaltado el portavoz, que ha añadido que "actuaciones como esta envían una señal negativa a los inversores internacionales sobre el clima de negocios e inversión en Bolivia".
Con todo, el portavoz ha insistido en rueda de prensa en que la expropiación anunciada por Morales en Bolivia "no es comparable" al caso de YPF en Argentina, cuya nacionalización ha abierto una crisis entre Argentina y España por la negativa de Buenos Aires a pagar una compensación a la española Repsol.
"No diría que hay un vínculo directo entre lo que pasa en Bolivia en concreto y lo que sucedió con Repsol en Argentina. Sin embargo, es cierto decir que, en general, es inquietante ver una situación que crea una mala atmósfera no sólo para las empresas europeas sino también para las empresas en general, en cuanto a las inversiones en países terceros", ha añadido Clancy.
El comisario de Comercio, Karel de Gucht, dirige los trabajos de un grupo de expertos para estudiar las medidas de represalia que la Unión Europea podría lanzar contra Argentina, pero su portavoz ha matizado que por el momento no se han dado los mismos pasos con Bolivia.
Fuentes próximas al grupo de expertos han advertido de que no creen que este segundo episodio "acelere" los resultados de sus discusiones, pero sí conceden que "siempre se teme" que las medidas proteccionistas que exhiben algunos Gobiernos latinoamericanos se extiendan a países vecinos.
Preguntado por este asunto, Clancy ha explicado que Bruselas trabaja en estrecho contacto con Madrid y que corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy decidir la respuesta, que ha sido "muy clara" al señalar que espera una compensación justa por la expropiación.
En cualquier caso, y al igual que ocurrió con el caso YPF, no existe un acuerdo entre el país latinoamericano y la Unión Europea que marque la base jurídica, ya que las relaciones comerciales entre España y Bolivia se enmarcan dentro de un acuerdo bilateral. Bolivia tiene acuerdos comerciales bilaterales con doce Estados miembros, entre ellos España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.