“Si no cumplimos nos vamos al infierno. Créanme que el Gobierno obligará a las comunidades a cumplir, porque el otro escenario es llevarnos por delante al euro”, aseguran desde el Ministerio de Hacienda. Es un diagnóstico muy duro, sin medias tintas. El Ejecutivo es consciente del “agujero sin fondo” de las autonomías, y asegura que pondrá remedio “sí o sí” porque “de lo que se habla es de la viabilidad” de la moneda única.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria será la herramienta para forzar a las regiones. Al Gobierno no le temblará el pulso, aseguran. Y el tiempo se agota: el próximo lunes, día treinta, Cristóbal Montoro debe tener encima de la mesa los planes de saneamiento de las comunidades confirmando que podrán cumplir con el 1,5% de déficit público. Su equipo estudia la viabilidad de los “papeles” que les van enviando, cada partida, y los devuelven con las pertinentes anotaciones. A día de hoy, fueron de vuelta el 90% de los informes recibidos, avanzó La Razón.
Del paquete de compromisos que Mariano Rajoy envía esta misma semana a Bruselas, el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas, la cláusula más importante es, sin duda, el compromiso de cumplimiento de déficit. Del Estado, y de las comunidades. Así lo transmite, a través de los cauces habituales, el gabinete del presidente a las instituciones comunitarias. Y de ahí que, si no hay otro remedio, habrá intervenciones.
El Gobierno no esconde esta posibilidad. “Se hará si se tiene que hacer”, afirmó, este mismo martes, el ministro de Hacienda. Las negociaciones están siendo “intensas, duras”, pero Montoro se mantiene inflexible. “Si hacen los deberes, el Estado les ayudará en todo lo posible, pero tienen que hacerlo”, asegura su entorno. “Todos estamos en el mismo barco, pero sin trampas”, añaden. Islas Baleares, Región de Murcia o Extremadura aprueban estos días severos planes de reestructuración en áreas muy sensibles. Rajoy ya les dijo -en la reunión mantenida con sus barones el pasado día catorce- que no había otra vía.
Dicen desde Moncloa que “no hay interés político” en ninguna intervención y que Rajoy espera que todas cumplan. Lo dijo él mismo, en conversación informal con periodistas. Sin embargo, varios miembros del Gobierno deslizan dos regiones, por encima del resto, en la que están puestas todas las lupas: Comunidad Valencia y Andalucía. Una del PP y otra del PSOE. Es “más que factible” y “el Gobierno lo está evaluando”, aseguran integrantes del Consejo de Ministros. Se descarta, en principio, Cataluña.
El caso de la región del sur es especialmente delicado. En los últimos días, admiten en Hacienda, el Ejecutivo de Griñán está enviando un plan de ajuste “muy duro” que podría hacer pensar que cumplirán con el 1,5%. Pero hay importantes peros encima de la mesa. Uno, que esas cuentas no contarían con el plácet de Izquierda Unida, su aliado para gobernar. Dos, y mucho más importante, que el Gobierno duda de que las cuentas que se aportan sean “reales”, por lo que los informes presentados caerían como un castillo de naipes. Algo para lo que también hay solución, explican, ya que el Gobierno, gracias a la Ley de Estabilidad, tiene la capacidad de enviar una delegación a una comunidad sospechosa para comprobar in situ que no se está falseando la información que se envía a Madrid.
De todo ello se hablará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará en la primera quincena de mayo, ya con todas las cifras analizadas. La intervención es “la última opción, pero real”. Antes el Ejecutivo puede agotar otros pasos, como sanciones por el incumplimiento. Montoro ofrecerá, incluso, que las comunidades que crean que no van a ser capaces de mantenerse a raya, que se dejen caer a espaldas del Estado. Todo, insisten, para lograr los objetivos. “Haremos cumplir con la ley en la mano. Que nadie se equivoque en la consecución de su objetivo de déficit, porque España entera se está jugando Europa, el presente y el futuro del euro”, sentenció Montoro, en el Congreso de los Diputados.