Argentina es uno de los países que ha registrado un mayor deterioro económico durante el último siglo. Su tránsito de la riqueza a la pobreza se podría resumir en la sucesión de tres grandes etapas: auge y desarrollo gracias a la globalización , la estabilidad monetaria y la liberalización económica (desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX); el período de entreguerras, desde 1930 hasta 1945, en donde se fue imponiendo paulatinamente la autarquía y el proteccionismo; y el ascenso del peronismo (1946-1955), cuyo legado pervive desde entonces, de una u otra forma, pese a la sucesión de distintos regímenes dictatoriales y democráticos.
Uno de los países más ricos del mundo
Al igual que otros países, Argentina se integró en la economía global durante el siglo XIX gracias a la apertura comercial, la libre circulación de capitales y la estabilidad monetaria que imponía el entonces vigente patrón oro. Argentina prosperó de forma sustancial hasta 1930, atrayendo un gran volumen de inversión extranjera y capital humano (inmigrantes).
Tras su proceso de independencia y un turbulento período de conflictos civiles, la emancipación definitiva de Argentina llegó con la Constitución de 1853, que instauraba como principios básicos la división de poderes, la igualdad ante la ley y un respaldo absoluto a la propiedad privada y el libre comercio. Los distintos gobiernos surgidos de la Carta Magna potenciaron las infraestructuras, alentaron la inmigración y la inversión extranjera y garantizaron el cumplimiento estricto de sus compromisos financieros.
Hasta tal punto esto es así que, en 1876, el entonces presidente Nicolás Avellaneda, ante el riesgo de suspender pagos, lanzó un mensaje firme a sus acreedores internacionales (tenedores de deuda pública):
La República puede estar dividida hondamente en partidos internos; pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera, ante los pueblos extraños. Existen dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed para responder, en una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros.
Este período, caracterizado por la apertura comercial y la libertad económica, se resume en los siguientes indicadores:
1. La población aumentó desde los 3,3 millones de personas en 1890 hasta los 7,5 en 1913 (crecimiento medio anual del 3,5%). Casi la mitad de este incremento se debió a la inmigración, procedente sobre todo de Europa.
2. El porcentaje de capital extranjero subió desde el 32% en 1900 hasta el 48% en 1913, como resultado de que Argentina presentaba entonces las condiciones económicas e institucionales más favorables de toda América Latina para la inversión foránea.
3. La acumulación de capital aumentó de media un 4,8% anual desde 1890 hasta 1913, permitiendo que la renta per cápita avanzara a un ritmo del 2,5% anual. El desastre de la Primera Guerra Mundial afectó, sin duda, al desarrollo argentino, como resultado del desplome del crédito internacional y el retroceso de la economía mundial, de forma que la acumulación de capital decayó hasta el 2,2% anual y la renta per cápita avanzó un 0,8% entre 1913 y 1929, pero no impidió que Argentina siguiera desarrollándose hasta 1930.
4. Hasta la Primera Guerra Mundial, su renta per cápita era similar a la de EEUU; era uno de los mayores exportadores de cereales y carne, hasta el punto de representar casi el 7% de todo el comercio internacional; Argentina acumulaba el 50% del PIB de toda América Latina en 1913; el sueldo medio en Buenos Aires era hasta un 80% superior al de París, y cuando un inmigrante desembarcaba en Argentina ganaba casi lo mismo que el que se ubicaba en Nueva York.
5. Durante los años 20 se mantuvo como uno de los 10 países más ricos del planeta, con una riqueza comprable e, incluso, superior al de la mayoría de países europeos, similar al de Francia o Alemania, y mayor que Italia o Japón; el salario promedio seguía superando al que percibían los europeos. De hecho, durante los años 30, EEUU, Canadá, Australia y Argentina se mantenían entre los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita en torno a los 5.000 dólares.
PIB per cápita en 1913 de EEUU, Argentina, Francia, Alemania, Italia, Japón y Corea
El intervencionismo de los 30, el principio del fin
Los países más desarrollados por entonces, entre ellos Argentina, presentaban -al igual que ahora- una serie de rasos comunes, entre los que destaca la seguridad jurídica, un marco institucional estable y, sobre todo, la apertura económica, un estado muy pequeño, escasas regulaciones y estabilidad monetaria. Sin embargo, aquella economía abierta, favorable al capitalismo, fue cediendo terreno paulatinamente al intervencionismo estatal, el nacionalismo económico (autarquía) y, finalmente, el peronismo (socialismo) que, de una u otra forma, preside Argentina desde los años 50.
Los años 30 son conocidos como la "década infame", ya que se sucedieron una serie de golpes de estado que otorgaron el poder a los militares, quienes instauraron un creciente intervencionismo económico, la autarquía (sustituir importaciones por producción nacional) y el proteccionismo comercial.
Además, resurgió de nuevo el mercantilismo, en donde el Estado se apropiaba de forma arbitraria de ciertos recursos privados para redistribuirlos entre determinados grupos de interés, favoreciendo así a las elites más próximas al poder político en detrimento del libre mercado. Ya entonces la explotación de hidrocarburos estaba bajo el control del Gobierno -los recursos del subsuelo pertenecían al Estado-, y el poder político comenzó a intervenir de forma cada vez más activa en sectores clave del país, tales como la producción de carne y cereales.
Es decir, Argentina pasó de tener una economía abierta y un estado pequeño, a una economía cerrada al comercio internacional y fuertemente intervenida. A ello, se sumó el abandono del patrón oro y la adopción de políticas keynesianas, basadas en el estímulo fiscal y monetario (más gasto público y bajos tipos de interés), para tratar de impulsar el crecimiento en medio de la Gran Depresión. Aunque esto no es algo extraordinario de esa época -muchos países optaron por políticas similares-, sí lo es el hecho de que este tipo de prácticas se extendió y agudizó tras la Segunda Guerra Mundial mediante la instauración del peronismo.
El peronismo, la consagración del socialismo
El militar Juan Domingo Perón logró la presidencia en 1946, instaurando el denominado justicialismo ("justicia social") hasta 1955, junto a su mujer Eva Perón, que aún hoy es un icono en Argentina. Su gobierno no sólo mantuvo las prácticas de los regímenes militares previos sino que, de hecho, incrementó de forma sustancial el intervencionismo estatal en la economía, extendió las prácticas mercantilistas e instauró su particular modelo socialista, inspirado en el fascismo italiano de Mussolini.
Entre otros factores, destacan los siguientes, tal y como expone José Ignacio García Hamilton, profesor de Historia de Derecho en la Universidad de Buenos Aires:
- Nacionalizó varias industrias, como los servicios de electricidad, gas, teléfono, ferrocarriles, transporte urbano, medios de comunicación, etc.
- Subsidió a grupos sindicales y empresariales próximos al poder.
- Disparó el gasto público e incurrió en elevados déficits fiscales.
- El superávit de la balanza de pagos acumulado durante la Segunda Guerra Mundial (Argentina se mantuvo neutral y vendió productos a ambas bandos) no fue suficiente para financiar las "prácticas populistas de Perón".
- Fue entonces cuando recurrió a la monetización masiva de deuda a través del banco central, generando elevada inflación.
- Subió los impuestos al sector exportador, al capital y, especialmente, al sector rural, y siguió dificultando las importaciones mediante políticas arancelarias.
- Introdujo rígidos controles sobre la producción y la libre contratación de servicios y trabajadores; fijó precios en el mercado del alquiler y suspendió los embargos inmobiliarios.
- Creó el Instituto Argentino para la Producción y el Intercambio (IAPI), que eliminó las empresas exportadoras privadas y fijó los precios internos de las cosechas por debajo de los precios internacionales. Luego, el IAPI vendía esos productos en el exterior y retenía la diferencia para aumentar el gasto público.
Como resultado, la economía argentina ya había declinado de forma sustancial para mediados del pasado siglo XX.
Regresa la dictadura, pero no el libre mercado
Perón fue derrocado por un nuevo golpe militar en 1955, pero ello no impidió que se mantuviesen los rasgos básicos del intervencionismo argentino hasta la década de los 90, incluso después de la reinstauración de la democracia en 1983. La alternancia de gobiernos autoritarios y democráticos en el poder no cambió un ápice el modelo mercantilista y socialista que se fue imponiendo progresivamente desde 1930.
Como resultado, el desarrollo argentino fue mucho más lento y débil que el del resto de países avanzados durante la segunda mitad del siglo XX. En esencia, se mantuvo un gasto público elevado; un sustancial control estatal sobre la economía (nacionalización de industrias); el modelo de sustitución de importaciones y, por tanto, el aislacionismo comercial; la emisión desenfrenada de dinero (alta inflación); y un adoctrinamiento cultural (en escuelas y universidades) centrado en el nacionalismo, que fomentaba el mercantilismo y el odio hacia el extranjero (incluido el capital foráneo). Y todo ello, en medio de una gran inestabilidad política.
Reformas insuficientes, corralito y kirchnerismo
Tras la reinstauración de la democracia (1983), la crisis se agudizó hasta tal punto en la década de los 80 -con hiperinflación de por medio- que el peronista Carlos Menem (1989-1999) intentó revertir la política económica mediante la privatización de empresas estatales (como YPF), cierta apertura comercial al exterior y la fijación del peso argentino al dólar estadounidense para frenar la inflación.
Aunque el país logró crecer con fuerza durante los noventa, las reformas fueron tímidas a la hora de revertir el socialismo de décadas previas. Así, por ejemplo:
- La privatización de empresas públicas se efectuó a dedo, privilegiando a grupos próximos al poder y, en todo caso, limitando hasta el extremo la libre competencia mediante una estricta regulación y fijación de tarifas en la provisión de servicios. Es decir, el monopolio se mantuvo intacto en numerosos sectores.
- La apertura comercial se limitó a tan sólo a algunos países de América Latina (englobados en el Mercosur), de modo que el aislacionismo nacional fue sustituido por un aislacionismo regional. Es decir, Argentina permaneció cerrada a la globalización.
- El gasto público siguió aumentando: el gasto en la provisión de servicios públicos fue sustituido por el aumento en "gasto social" (subsidios, subvenciones, prestaciones públicas y ayudas), a modo de clientelismo para comprar votos.
- De hecho, el peso del Estado sobre la economía siguió creciendo: el déficit público pasó del 0,15% en 1994 al 2,4% en 2000, y la deuda pública del 34% en 1991 al 52% del PIB en 1999. Como resultado, la deuda externa de Argentina -tanto comercial como pública- aumentó de forma sustancial, encareciéndose la financiación para el sector público y privado.
Puesto que la fijación al dólar ataba de pies y manos a su banco central para imprimir dinero y generar inflación (reduciendo así el peso de la deuda externa), Argentina decidió de forma unilateral declararse en default (impago) en 2001, lo cual generó una corrida bancaria y el temido corralito de 2002.
El también justicialista Néstor Kirchner conquistó la Presidencia en 2003, sucediéndole en el cargo su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, en 2007. Así pues, el kirchnerismo va camino de su primera década, impulsando una política económica inspirada en la etapa peronista y bajo la órbita del líder venezolano, Hugo Chávez.
Ausencia de libertad, igual a pobreza
El país ocupa hoy una pésima posición en indicadores clave para el desarrollo económico. Así, Argentina se sitúa en el puesto 113 del ranking mundial en cuanto a facilidad para hacer negocios (Doing Business), que elabora cada año el Banco Mundial, de un total de 183 economías, a la altura de países como Etiopía, Egipto o Kenya. Destaca, sobre todo, por situarse a la cosa en indicadores como la apertura de empresas (146), permisos de construcción (169), registro de propiedades (139) o pago de impuestos (144).
Además, en un ranking que mide el respeto a la propiedad privada en 130 países, Argentina se sitúa entre los 10 peores, tan sólo seguida por Costa de Marfil, Nicaragua, Bangladesh, Nigeria, Burundi, Venezuela, Ucrania, Angola y Libia.
Asimismo, el Índice de Calidad Institucional (ICI) sitúa a Argentina en la posición 125 de un total de 194 países, perdiendo 32 puestos desde 2007.
Un 62% de los países obtiene una calificación superior a Argentina en términos de calidad institucional. En las primeras posiciones de América Latina se encuentran Chile, Costa Rica y Uruguay; Argentina, por el contrario, se aproxima a Nicaragua, Paraguay, Bolivia y Ecuador; las últimas posiciones son para Cuba, Haití y Venezuela. Dentro de este índice, registra las perores calificaciones en materia de libertad económica, funcionamiento de los mercados, la estabilidad monetaria y seguridad jurídica.
Hace ahora un siglo, Argentina se encuadraba en el top ten de países más ricos del mundo. Hoy se sitúa en el puesto 59 del mundo, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la altura de México, Líbano o Gabón, y muy próximo a Venezuela (puesto 64). Según el Banco Mundial, su renta per cápita, en términos de poder de compra (descontando inflación), apenas superaba los 15.500 dólares en 2010, un 70% menos que EEUU, un 60% inferior a Japón o Alemania y la mitad que Francia o Italia.
PIB per cápita de Argentina, EEUU, Japón e Italia desde 1900 al 2000
PIB per cápita de Argentina, EEUU, Alemania, Japón Francia e Italia desde 1980 a 2010