El aumento del copago farmacéutico en función del nivel de renta, tal y como ha anunciado el Gobierno, es tan sólo el inicio de la reforma de la sanidad pública. Al igual que ha sucedido con las pensiones públicas, cuya reforma se adelantó como consecuencia de la crisis -elevando la edad de jubilación a los 67 años y reduciendo el futuro cobro de prestaciones-, la sanidad española -uno de los pilares básicos del denominado Estado del Bienestar- está condenada a introducir nuevas medidas para mantener sus sostenibilidad. Y no sólo por la crisis sino, sobre todo, por la bomba de relojería que supone el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida.
El sistema público de salud no es gratis, pese a lo que digan los políticos, ya que se paga vía impuestos. En la actualidad, su coste supone el 9,5% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años -algunas estimaciones avanzan ya un 15% en 2050-. La razón estriba en el incremento de la tasa de dependencia (menores de 16 años y mayores de 64 en relación con las personas en edad de trabajar). Hoy dicha tasa asciende al 47,8%, y se prevé que en 2049 se eleve hasta el 90%: 61% serían personas mayores de 64 años y el 29% menores de 16. Esta evolución implicará una sustancial presión adicional sobre las cuentas públicas.
La actual crisis económica que sufre España tan sólo ha adelantado algunos años el obligatorio debate acerca de la viabilidad del sistema sanitario público. De ahí, precisamente, que el Gobierno haya avanzado una primera medida en esta dirección, consistente en aumentar el copago farmacéutico. El Ejecutivo pretende ahorrar unos 7.000 millones de euros en sanidad.
Pero esto es sólo el inicio. Para mantener la sanidad pública en pie sólo caben tres opciones (no excluyentes entre sí): más impuestos, copago o menos servicios. La experiencia de otros países europeos demuestra que el copago sanitario cuenta con una elevada probabilidad de extenderse en España durante los próximos años, con el objetivo de racionalizar el uso servicios sanitarios que son consumidos en exceso para reducir el gasto e incrementar la recaudación.
No en vano, tal y como muestra un reciente estudio del IESE, bajo el título Los sistemas de copago en Europa, EEUU y Canadá: implicaciones para el caso español, "la principal ventaja del copago es que si se responsabiliza a los ciudadanos de una parte del gasto en salud, estos serán más conscientes y lo tendrán más en cuenta en el momento de decidir". Además, las experiencias internacionales demuestran que este modelo logra "reducir la utilización de los servicios sanitarios sin que se traduzca en un peor estado de salud de la población".
El copago en Europa
España es un caso anómalo en el contexto europeo. Y es que, el copago está muy extendido en la UE, casi todos los países lo aplican en algún nivel asistencial: 9 países lo tienen implantado en la atención primaria; 12 en los servicios de urgencia; y la totalidad en el consumo de fármacos. "Solamente España, Dinamarca y Reino Unido no han extendido esta participación más allá de los fármacos", añade el informe.
Tal y como muestra el siguiente gráfico, la mayoría de estados miembros aplican el copago a más de dos servicios sanitarios. De hecho, dentro de la zona euro, España, Grecia e Irlanda son los que lo tienen menos extendido, y todo indica que el rescate y/o asistencia de los países del norte a las economías más débiles de la zona euro obligará a ello, ya que se negarán a subsidiar este tipo de servicios con su dinero.
El siguiente cuadro detalla cómo se aplica el copago en cada país y servicio (pinchar en la imagen para ampliar):
Los mecanismos de contribución son muy variados:
1. Entre los países que aplican una tarifa fija en atención primaria, el coste por visita va desde los 5 euros en Portugal hasta los 23,5 de Noruega: Alemania y Austria (10 euros), Finlandia (13,7), Suecia (11-22).
2. En otros países, el usuario paga un porcentaje del coste de la visita médica, que puede oscilar entre el 8% de Bélgica hasta el 30% de Francia. De hecho, en determinados países, como Bélgica y Luxemburgo, también se aplica una tarifa adicional en las visitas a domicilio.
3. En cuanto a la atención especializada, el esquema es similar al que se aplica en atención primaria, como es el caso de Alemania, Austria, Francia y Luxemburgo; en Italia y Holanda no existe copago en atención primaria y sí en las consultas a especialistas; mientras que Portugal, Finlandia o Suecia establecen incluso una tarifa más elevada en este servicio que en primaria.
4. La estancia hospitalaria también está sujeta a algún tipo de copago: Alemania (10 euros por día), Austria (8), Bélgica (27,7), Luxemburgo (19,4) y Suecia (8,7 euros); otros países, como Noruega aplica un copago proporcional al coste de la hospitalización (20%); Francia combina ambos mecanismos (20% del coste y 18 euros por cada día de estancia en el hospital); pese a ello, todos los países fijan un máximo de días durante los cuales el usuario afrontará el coste.
5. En urgencias, el copago también está muy extendido, aunque en Grecia e Italia, por ejemplo, se devuelve al usuario el dinero pagado en caso de tratarse de una urgencia debidamente justificada.
6. En general, los niveles de copago son más bajos en la medicina preventiva (revisiones y atención primaria) y estancias hospitalarias que en las consultas a especialistas y el servicio de urgencias.
7. Asimismo, es generalizado el uso de mecanismos de protección a los colectivos más vulnerables (rentas bajas y pacientes de alto riesgo), tales como la fijación de un límite máximo de contribución al año o la exención total del copago: Alemania, Francia, Italia y Portugal aplican exenciones a un amplio colectivo de personas en situación vulnerable, abarcando además todos los niveles asistenciales; Finlandia, por el contrario, no aplica ninguna política de exención sino que introduce un nivel de copago menor; en general, las exenciones son más comunes en primaria y en la medicina preventiva que en urgencias.