El Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene preparada su reforma sanitaria. La ha presentado Ana Mato este miércoles en Madrid, tras el Consejo Interterritorial del Sistema de Sanidad con los Consejeros del ramo de las diecisiete comunidades autónomas. Las claves del documento del Gobierno son: se introduce el copago para los pensionistas, el porcentaje de los medicamentos que pagarán los ciudadanos variará en función de la renta, se intenta acabar con el turismo sanitario, se unifica la cartera de servicios y se centalizarán las compras de los fármacos.
Mato ha anunciado los seis puntos ha asegurado que estas medidas se implantan para "mantener el modelo gratuito" de asistencia sanitaria. El objetivo del Gobierno es reducir la factura de la sanidad pública española en unos 7.000 millones de euros, el 10% del gasto total. En este sentido, ha recordado que España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos y que el año pasado se tiraron 3.700 toneladas de ellos, lo que ha supuesto un derroche de 1.200 millones de euros. La ministra ha informado de que extender la central de compras de fármacos, servicios y tecnologías para lograr los mejores precios, generará un ahorro de 1.500 millones de euros.
La ministra ha asegurado que el Gobierno "ha cumplido un compromiso" ha querido enviar a los ciudadanos un "mensaje de tranquilidad y confianza en el futuro". Todas las comunidades autónomas han apoyado al Gobierno excepto Andalucía. Incluso otras regiones en las que el PSOE forma parte del Ejecutivo (como País Vasco y Canarias), también han salido en la foto final junto a la ministra. Algunos consejeros han expresado ligeros matices, como el vasco o el catalán. Incluso, este último ha asegurado que habría que avanzar un paso más en este camino. Pero todos han respaldado a Mato y la reforma, a excepción de la consejera andaluza.
Mato ha insistido en que las medidas buscan una mayor eficacia del sistema sanitario y garantizar su gratuidad. "No se hace para recaudar", si éste fuera el objetivo, "no habríamos implantado la tasa por receta", ha dicho. El Gobierno también ha acordado con las comunidades pactar una cartera única de servicios y facilitar la movilidad del personal sanitario, entre otras medidas. Esta reforma será aprobada por el Consejo de Ministros este mismo viernes y se harán efectivas en un plazo de dos meses.
Copago: quedarán excluidos los pensionistas con pensiones no contributivas, los que perciben renta de inserción social y los parados sin prestación por desempleo "hasta que encuentren trabajo". En cuanto a los ciudadanos con pensiones contributivas, deberán pagar en las farmacias un 10% del precio de los medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 o 18 euros al mes en función de su pensión. La reunión también ha dado el visto bueno a que los trabajadores activos cuya renta sea superior a los 18.000 euros anuales pasen a pagar de un 40 a un 50 por ciento por sus medicinas. Para aquellos cuya renta sea superior a los 100.000 euros anuales, su aportación será del 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
Más ahorro en farmacia: se adecuarán los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento (se estima que esta medida supondrá un ahorro de unos 400 millones) y se elaborará un nuevo sistema de actualización del Nomenclator (la lista de medicamentos que cubre el sistema nacional de salud) y el impulso al uso de genéricos y fármacos de menor precio (para reducir la factura en unos 350 millones al año).
Contra el turismo sanitario: también habrá cambios legales para "acabar con el turismo farmacéutico y los abusos" por parte de "extranjeros". Se incorporará al Derecho español un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria". El objetivo es ahorrar hasta 1.000 millones de euros, como cuantificó en un informe el Tribunal de Cuentas. La ministra ha dado otro ejemplo para justificar la medida: "Hay personas que vienen a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España". Con el mismo objetivo, se va a modificar el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería para clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de modo que las personas que viene de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España. Se pretende evitar que "con una misma tarjeta sanitaria, vengan 5 ó 6 personas de una misma familia solo a utilizar la asistencia sanitaria española y se vuelvan a su país".