El peronismo de los Kirchner lleva casi una década dirigiendo los designios de Argentina. Primero con Néstor Kirchner en la Casa Rosada y después con su esposa Cristina, quien ha llevado hasta extremos insospechados su desafío populista, particularmente tras la muerte de su marido en 2009. El caso de Repsol YPF es únicamente otro episodio que demuestra su manera de entender el ejercicio del poder.
Clarín, donde todo vale para silenciar a un medio crítico
El grupo al que da nombre el mítico diario, referencia de la izquierda tan cortejada por los Kirchner, ha sufrido en carne propia la impronta liberticida del Gobierno. Hasta el extremo de que los dos hijos adoptivos de la propietaria de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, tuvieron que someterse a unas pruebas de ADN para demostrar que no eran niños robados por la dictadura militar, una insidia puesta en circulación por el matrimonio gobernante y llevada a los tribunales por el sector de las Madres de Mayo más afín al matrimonio peronista.
Todo dentro de una campaña de acoso al grupo poseedor de los derechos del fútbol, un goloso maná al que también ha llegado la mano intervencionista del dúo Nestor/Cristina. De buenas a primeras, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le pidió a la empresa que posee esos derechos televisivos, participada por Clarín, el triple de dinero que hasta ese momento pagaba por los mismos. En los últimos días son muy insistentes las noticias sobre una posible venta de la parte audiovisual del grupo a inversores de Paraguay.
Lo cierto es que Kirchner se ha hecho con el deporte Rey (en Argentina como en pocos sitios) bajo una empresa pública denominada inequívocamente Fútbol Para Todos, que rentabiliza con fines propagandísticos las grandes audiencias de los partidos. Como muestra dos botones: en las retransmisiones en abierto se ha insultado a los diarios Clarín y La Nación, tildándoles de antisemitas -una acusación particularmente grave en un país con tanta presencia de la comunidad judía- y en el reciente aniversario de la guerra de Las Malvinas, los árbitros (incluidos los designados por la FIFA) llevaban en la parte de atrás de sus camisetas un mapa del archipiélago bajo el lema "son argentinas".
Boudou, un vicepresidente en entredicho
Amado Boudou es el número dos del segundo gobierno de Cristina Fernández, puesto al que ascendió tras haber ocupado la cartera de economía en el primer mandato de la presidenta. Carismático y jovial, Boudou se deja ver con guitarras eléctricas o motos BMW proyectando una imagen que busca captar adeptos entre la juventud argentina. Pero en los últimos meses su nombre está en boca de todos por razones menos glamourosas. Se le investiga por un posible tráfico de influencias cuando era ministro de economía a favor de la empresa Ciccione Calcográfica, la imprenta contratada por el Banco Central para imprimir más de mil millones de billetes.
La compañía se declaró en quiebra en junio de 2010, algo que aceptó la Justicia. Sin embargo, en septiembre de aquel año se levantó ese estado de quiebra para que fuese rescatada por el abogado y empresario Alejandro Vanderbroele. Su exmujer lo denunció el pasado febrero, acusándolo de ser el testaferro de Boudou. A partir de ahí se abrió una investigación que el pasado día 4 llevó al registro de un piso del vicepresidente en Puerto Madero, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Al día siguiente un Boudou fuera de sí comparecía ante la prensa sin admitir preguntas -al más puro estilo de su jefa- ya que, dijo, "no estoy ante un tribunal".
Acusó al juez que instruye la causa de filtrar convenientemente el sumario a los medios y acusó al gerente de Clarín, Héctor Magnetto, de liderar "una mafia" de la que también formarían parte sus competidores La Nación y Perfil para atacar de manera "brutal" a las instituciones argentinas. En su huida hacia delante acusó del mismo delito por el mismo caso, tráfico de influencias, al procurador general del país, Esteban Righi, quien esta misma semana ha dimitido. Lo cierto es que Boudou es una criatura política de Cristina, a la que sustituyó en enero durante veinte días por el supuesto cáncer padecido por la inquilina de la Casa Rosada. Y al que se le acusa de cometer delitos aprovechándose de su presencia en el Gobierno.
Schoklender, cuando la corrupción se aprovecha del dolor de las víctimas
Como todo liderazgo mesiánico, el kirchnerismo ha prestado especial atención a la construcción de su propio relato. En este caso el de un joven matrimonio que se enamoró en plena lucha contra la dictadura de la Junta Militar. No importa que la prosaica realidad los sitúe haciendo una fortuna en los años setenta, ajenos a una disidencia que en muchos casos encontró en el exilio la única salida al régimen del general Jorge Videla. Por eso Cristina Fernández, ya desde su época de senadora, puso especial hincapié en las políticas de denuncia retrospectiva de la dictadura.
Meros brindis al sol, sobre todo cuando se los compara con las leyes de punto final que permitieron el procesamiento de muchos de los responsables de la represión. Todo por obra del expresidente ya fallecido Raúl Alfonsín, a quien ningunea Cristina Fernández hasta el punto de que omite citarle en largos discursos sobre los derechos humanos. Quienes sí reciben el aprecio público de la mandataria son el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y Hebe de Bonafini, la ínclita presidenta de la Asociación de Madres de Mayo que ha exasperado a muchas de las portadoras del pañuelo blanco por sus elogios a los terroristas de ETA o a Bin Laden.
Para ambos pidió un aplauso en su discurso de investidura, que duró tres horas. Precisamente Bonafini -una de las pocas personas que tiene acceso directo a la presidenta- está en el centro de otro de los casos de corrupción que ha conmovido a la opinión pública argentina. Su mano derecha, Sergio Schoklender, es un parricida confeso, crimen cometido junto a su hermano que aún permanece en prisión. Ahora tiene que responder ante la justicia por el desvío de millonarios fondos públicos de un programa de viviendas sociales.
Camporistas, una fiel infantería con la misma sangre
Además, en otras cuestiones, Argentina también parece seguir la senda de los mandatarios populistas de Sudamérica con la creación de grupos juveniles afines a la jefa del Estado. A eso responde La Cámpora, una organización juvenil que dirige Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta. A sus 35 años, y sin haber hablado nunca en público ni escrito artículo alguno, es uno de los hombres más poderosos del país. Sobre todo por la influencia que ejerce en su madre, que lo tiene como asesor privilegiado. Pero es que además su organización tiene un poder que para sí quisieran muchos partidos adultos en cualquier nación.
Veamos: diez diputados nacionales, seis diputados provinciales, tres senadores provinciales y hasta dos viceministros no precisamente de carteras intrascendetes, sino de las de Economía y Justicia. Además de controlar la agencia oficial de noticias Telam. Todo un poder dentro del poder en manos de otro Kirchner, quien sabe sin con el propósito de perpetuar la dinastía.