El Gobierno lleva desde el mes de enero trabajando "intensamente" en la solución del conflicto con Argentina. De forma "discreta", utilizando todos los ámbitos diplomáticos a su alcance. "Y todos son todos", inciden fuentes gubernamentales, apuntando al presidente, Mariano Rajoy, y a la Casa del Rey, cuya influencia en la región está fuera de toda duda.
Incluso el ministro de Industria, José Manuel Soria, se trasladó recientemente al país teóricamente amigo para parar intentar parar lo que el jueves empezó a tomar forma: la amenaza, más o menos real, de nacionalizar la filial de Repsol. Para entonces, el Ejecutivo ya había hecho los deberes, para que inmediatamente tanto la Unión Europea como países de la zona se pusieran de su lado. La labor diplomática fue máxima.
Una vez reunido el Consejo de Ministros, en el que el asunto fue abordado de forma extensa, aún no había llegado la confirmación de nacionalización por parte de Buenos Aires. Aún más, el Ejecutivo veía signos de "estar reculando". "No nos consta" pero "si llegara a tomarse, sería una decisión muy negativa para los intereses españoles y la obligación del Gobierno es defender estos intereses", expuso Soraya Sáenz de Santamaría, que escenificó una respuesta dura y contundente.
La vicepresidenta primera dejó patente la "preocupación" de la administración y elevó, por varias ocasiones, un claro ultimátum: "El Gobierno actuará con las medidas a su alcance" si Cristina Fernández de Kirchner cumple con su órdago. Unas medidas, recalcó, "que se adoptan, pero no se anuncian", evitando así echar más leña al fuego.
Eso sí, por si no hubiera quedado claro, Sáenz de Santamaría aún recalcó: "Este Gobierno no va a permanecer parado", por lo que instó a una "reflexión" por parte de sus homólogos argentinos. Habló, de hecho, de una "gravedad" que obligará a las "gestiones oportunas".
Reunión con el embajador argentino
Una de las primeras decisiones del Ejecutivo fue llamar a consultas al embajador argentino en Madrid. La preocupación de Madrid está siendo transmitida "a todos los niveles", reseñó la portavoz, en línea con las voces que apuntan a que Zarzuela también está haciendo intensas gestiones. Además, "a lo largo de estas semanas hemos intensificado contactos con la UE y con países de la zona", como por ejemplo México y Colombia. También hubo contactos con Estados Unidas.
La cita con el embajador, Carlos Bettini, fue de no más de una hora, y tras ella un contundente José Manuel García Margallo habló de "agresión" para sentenciar que será respondida si ésta se acaba llevando acabo. No sólo sería una ruptura en "términos económicos", sino también en las relaciones "fraternales", expuso el ministro de Exteriores, en rueda de prensa.
"Cristina Fernández debe entender que la protección de los intereses de las empresas españolas en el exterior es importante para España", expuso Margallo, que recordó que España no es que sea uno de los principales inversores de Argentina, sino que es "el principal". Un extremo que compartió el embajador, según las fuentes. El propio ministro dijo que Bettini "comprendió las razones y las trasladará a Buenos Aires".
Pero si alguien dejó patente el malestar del Ejecutivo, ése fue Iñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la UE: "Romper las reglas de juego tiene un coste y Argentina se va a convertir en un apestado internacional". Bruselas, a través de portavoces autorizados, dio la razón al Gobierno de Rajoy. "Estamos haciendo todo lo posible a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional porque en el capital de YPF hay también fondos americanos y otro tipo de inversores", expuso Méndez, en Onda Cero.
Tal ofensiva diplomática, cree Moncloa, está ofreciendo sus frutos, pese a que se mantiene la extrema cautela ante un país "cada vez más inestable". Soria realiza gran parte de esas gestiones, de forma discreta para no dañar sensibilidades. El Gobierno, asegura, está preparado para dar respuesta a cualquier circunstancia.