Cristina Kirchner tiene una curiosa manera de afrontar los problemas económicos de Argentina. En vez de resolverlos, la presidenta del país acude al latrocinio para obtener recursos con los que tapar agujeros. Cuando tuvo que enfrentarse a la crisis fiscal de 2008, a esta antigua militante montonera le pidió el cuerpo que utilizara los principios del ‘Socialismo Nacional’ que defendía aquella organización y no se le ocurrió otra cosa que nacionalizar los planes privados de pensiones, en los que estaba el 96% de los trabajadores del país, y utilizar dichos recursos para cubrir los desajustes presupuestarios del país. Ahora, la situación vuelve a repetirse con la nacionalización de YPF, la filial argentina de la petrolera Repsol.
En estos momentos, el país tiene un serio problema de credibilidad política y de riesgo para los negocios, lo que ha dado lugar a una salida masiva de capitales de Argentina. Como nadie se fía del país, y mucho menos de su presidenta, las estimaciones apuntan a que, en este año, la nación recibirá en forma de inversión exterior la irrisoria cantidad de seis mil millones de dólares, el 0,7% del total de inversión directa extranjera que captará Latinoamérica. Con eso, y con la abultada deuda externa argentina, el país no tiene ni para pipas. Para complicar más las cosas, las estimaciones de los principales bancos de inversión del mundo hablan de un fuerte frenazo al crecimiento económico, estimando una caída del mismo de hasta cuatro puntos porcentuales, mientras la inflación se acerca a toda velocidad al nivel del 30% anual. Este escenario supone un serio problema en términos fiscales y, además, puede tener graves repercusiones sociales tanto por el aumento de los precios como por las consecuencias sobre el empleo de la drástica desaceleración económica.
Sin inversión exterior, y con una crisis fiscal y de deuda externa en puertas, ¿qué puede hacer Argentina? Lo lógico sería que recortase el gasto público para sanear su presupuesto, pero Kirchner no quiere hacerlo por cuestiones ideológicas y personales. ¿Qué se le ha ocurrido hacer, entonces, a esta buena señora? Pues volver a recurrir a su pasado montonero y nacionalizar YPF para, de esta forma, conseguir no solo los recursos fiscales y los ingresos en divisas que necesita mediante la exportación de petróleo, sino también buscar el medio para calmar a las masas mediante subsidios a la energía, utilizando para ello el petróleo y el gas de YPF. El latrocinio como política económica se ha convertido en uno de sus principales instrumentos de gestión y, por lo visto, no se va a parar ante nada y ante nadie, pensando que la debilidad económica de España le va a impedir actuar como tiene que actuar. Nuestro Gobierno, por ello, debería diseñar rápidamente una estrategia para responder a este atropello, porque si hoy le toca a Repsol, mañana los platos rotos pueden pagarlos Telefónica, el Santander, el BBVA o cualquier empresa española que opere en el país.