Bruselas dice que está "al lado de España" en el caso YPF

La Comisión Europea (CE) ha asegurado este viernes que está "al lado de España" ante los supuestos planes de Argentina de tomar el control de la petrolera YPF, de la española Repsol, y ha instado a Buenos Aires a buscar una solución negociada y que respete sus compromisos internacionales.

"La Comisión, a través de su delegación en Argentina, ha expresado su preocupación al Gobierno argentino, por medio de un contacto entre nuestro jefe de delegación y un miembro del Gabinete de la señora (Cristina Fernández) Kirchner en Buenos Aires", confirmó el portavoz comunitario Olivier Bailly, preguntado en una rueda de prensa. Según ha afirmado a Efe una fuente comunitaria, esos contactos se produjeron ya la pasada semana.

En sus conversaciones con Buenos Aires, Bruselas ha subrayado "sobre todo, la necesidad para la Comisión de que todas las partes encuentren una solución acordada juntos y que no perjudique el ambiente de trabajo, las relaciones económicas entre la UE y Argentina", ha explicado.

Según el portavoz, la CE espera que el Gobierno argentino "garantice el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio". Bailly ha explicado que todos los contactos con Argentina se han hecho a través de la oficina europea en Buenos Aires y ha negado que haya habido conversaciones directas entre el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y Cristina Fernández.

"Seguimos muy atentos a la situación", ha recalcado Bailly, quien ha asegurado que Bruselas está en contacto con las autoridades españolas y permanecerá "al lado de España" en este caso.

"Estamos aquí para defender las inversiones extranjeras hechas por los Estados miembros o por compañías con su sede en Europa", ha subrayado el portavoz. Según ha insistido, el objetivo de Bruselas es "ayudar a Argentina y a España a lograr una solución" que asegure las buenas relaciones y el clima empresarial.

Fuentes comunitarias han señalado, asimismo, que la CE "tiene interés en intervenir" en este caso, puesto que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, las inversiones directas de los Veintisiete en países terceros pasan a ser también una competencia de la UE.

Con el objetivo general de "proteger las inversiones" europeas en el extranjero, han recordado, la Comisión y los Estados miembros tramitan actualmente una nueva legislación que busca una transición gradual desde el actual sistema de tratados bilaterales de inversión (BITs) entre sus miembros y terceros países, hacia un marco en el que esos acuerdos sean negociados por el Ejecutivo comunitario.

La Comisión propuso en julio de 2010 clarificar el estatus de más de 1.000 acuerdos bilaterales de inversión concluidos entre países miembros y terceros, con el objetivo de garantizar certidumbre legal tanto para inversores europeos como para extranjeros.

Sin armas legales contra Argentina

En cualquier caso, la Unión Europea no tiene mecanismos jurídicos para presionar a Argentina si incumple sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de YPF.

Si bien con el Tratado de Lisboa la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existes instrumentos legales. "La Unión Europea no tiene actualmente ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina", indicaron fuentes de la Comisión Europea.

Las citadas fuentes recordaron que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral entre España y Argentina. "Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la Unión Europea en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT", señalaron.

Precisamente, a la luz del Tratado de Lisboa y a fin de reforzar la defensa de las inversiones europeas en otros países, Bruselas propuso en julio de 2010 una nueva legislación que actualmente tramita junto a los Estados miembros y el Parlamento Europeo.