El presidente de Repsol, Antonio Brufau, mantuvo una tensa reunión el jueves con altos cargos del Gobierno argentino para tratar el tema de la nacionalización de Repsol tras intentar pedir audiencia desde el pasado lunes. En concreto, Brufau se reunió con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando ya circulaba el anteproyecto de ley que disponía la expropiación del 50,01% de YPF.
La cita estuvo presidida por la tensión y concluyó sin ningún tipo de acuerdo entre ambas partes. Según informa el diario Clarín, Kicillof le reclamó a Brufau que Repsol reinvierta parte de los beneficios obtenidos en los últimos años por la petrolera en Argentina, con un desembolso que el número dos de Economía estimó en 15.000 millones de dólares.
La conversación, llena de reproches hacia la petrolera española, terminó con una amenaza directa por parte de Julio De Vido: "Si quieres el 30% (de YPF), te quedas con el 30%. Y si no aceptas, te quedarás sin nada", en una clara alusión a la nacionalización total de la filial argentina.
Mientras que el directivo español se iba a la torre de la empresa en Puerto Madero, donde lo esperaban funcionarios de la embajada de su país, a varios legisladores nacionales les llegó el Proyecto de Utilidad Pública de YPF, en el que se establecía que el Estado expropiará el 50,01% de la compañía, quedándose con el 25,5% que posee la familia Eskenazi (grupo Petersen) y algo más de un 24,6% que posee Repsol.
El citado borrador, del que nadie se atribuyó autoría, dejaba a Repsol con cerca del 30% de las acciones de YPF, algo muy similar a lo que De Vido le dijo a Brufau.
El Poder Ejecutivo actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones, una vez expropiada a cualquier organismo o empresa pública o propiedad del Estado [...] La valuación de los activos a expropiar será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con colaboración de la Secretaría de Energía
El precio a pagar sería definido por el Tribunal de Tasaciones y la Secretaría de Energía en un plazo que podría extenderse hasta tres años. Al nuevo directorio de YPF estatal se le asignaría un plazo de 180 días para elaborar un "plan de negocios" destinado a "mantener el pleno abastecimiento a través de la producción nacional".
Más control estatal sobre el sector petrolífero
Sin embargo, el proyecto no sólo amenaza con expropiar YPF sino que incrementa de forma sustancial el control del Estado sobre el sector energético del país, afectando así de forma indirecta a otras compañías extranjeras que operan en el país.
El borrador del proyecto implanta un nuevo marco normativo que cambiaría radicalmente las reglas de juego del sector. Así, entre otros aspectos, el Estado pasaría a fijar los precios internos del petróleo, el gas y de los combustibles líquidos según las cuencas productivas de origen y los destinos a las distintas clases de usuarios.
Además, fija que las empresas refinadoras deben atender la demanda interna con producción propia o importando el déficit energético anual que establezca el Gobierno (importaciones de crudo y otros recursos energéticos para cubrir la demanda nacional). También establece la redacción de una nueva ley específica para la explotación de los hidrocarburos no convencionales, así como la creación de un "Cuerpo Especializado de Auditores Estatales de Inversiones Hidrocarburíferas". Para financiar ese nuevo cuerpo de inspectores se establecería una nueva tasa del uno por mil a las ventas efectuadas por todos los productores de petróleo, gas y derivados.