El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha asegurado este jueves que tanto el pagador como el receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros podrán ser sancionados gracias a la medida que incluirá el Gobierno en el anteproyecto de ley que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros.
Durante un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Ferre no ha especificado si la multa, inicialmente fijada en el 25% del pago en efectivo realizado, se repartirá entre pagador y receptor o si cada uno tendrá que asumir el 25% de dicha cantidad. "Mañana lo conocerán", ha dicho Ferre, quien ha explicado que la Secretaría de Hacienda fijó el límite en 2.500 euros porque considera que esta cifra marca operaciones de cierta "entidad" que no deben pagarse con "un fajo de billetes". Además, ha explicado que se ha estudiado un rango que comenzaba con el límite fijado por Italia (1.000 euros) y acababa en el de Francia (3.000 euros). "Para nosotros es más razonable 2.500 euros", ha aseverado.
Otros delitos: ha explicado que la multa del 25% no exime de otros delitos que puedan ser detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas, entre otras cosas. "Es un mecanismo más, una sanción complementaria", ha subrayado. La medida, incluida en el anteproyecto de ley que aprobará el Gobierno mañana, entrará en vigor "de forma inmediata", aunque irá acompañada de otras que empezarán a funcionar en 2013 porque es mejor que coincidan con el inicio de un año natural para que sean "más digeribles".
Más transparencia: según Ferre, aportará mayor transparencia a la actividad económica y permitirá reducir el volumen de fraude fiscal, al tiempo que mejorará la recaudación como lo han hecho otros planes concretos, como la investigación de los billetes de 500 euros, que resultaron no ser "bastante" y requirieron un paso "más agresivo".
Activos en el extranjero: otra de las medidas incluidas en el anteproyecto será la obligación de declarar activos en el extranjero que ha anunciado esta mañana el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y que se realizará a través de una declaración normativa que llevará aparejada una sanción ante posibles incumplimientos.
Amnistía fiscal
De hecho, el anteproyecto contendrá, según Ferre, medidas "muy potentes" para transmitir el mensaje de que la amnistía fiscal aprobada es un proceso "verdaderamente extraordinario y excepcional" y que los que no se acojan a la regularización voluntaria tendrán que asumir las consecuencias a partir de 2013.
Sobre la amnistía, Ferre ha dicho que el Gobierno espera recaudar unos 2.500 millones de euros, cifra sacada de diferentes fuentes, aunque su aportación en materia de ingresos se notará sólo un año, por lo que en 2013 habrá que plantearse fórmulas para compensar la desaparición de la amnistía, según recoge Europa Press.
El secretario de Estado ha recordado una vez más que es una medida excepcional que ya se ha hecho en España y en otros países y que la propia OCDE suele recomendar que se implemente cada cierto tiempo para poner el "marcador a cero" y generar fondos para las administraciones. En cuanto al gravamen del 10% que marca la amnistía, Ferre ha explicado que el Gobierno se ha fijado en el 5% de Italia y el 20% de Alemania, que no ha resultado "muy exitoso" para atraer capitales y ha decido quedarse en el 10%.