La actual crisis económica ha originado nuevos términos y redefiniciones en boca de los políticos para tratar de ocultar la realidad a la opinión pública. El caso más llamativo fue el protagonizado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que, durante meses, insistió en negar la crisis haciendo acopio de términos de todo tipo, tales como "desaceleración transitoria ahora más intensa", para evitar pronunciar la palabra maldita: "crisis".
Pero parece que el expresidente no es el único y, de hecho, ha creado escuela en el nuevo Ejecutivo en lo que a tergiversación del lenguaje económico se refiere. Así, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que en España no se ha puesto en marcha ninguna amnistía fiscal, en referencia a la medida que establece una sustancial rebaja fiscal y el perdón del delito de evasión para rentas no declaradas y repatriación de capitales.
Según el diccionario de la Real Academia España (RAE), la amnistía se define como el "olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores". La ocultación de rentas y beneficios gravados al Fisco supone un delito fiscal y conlleva fuertes multas e incluso penas de prisión.
Sin embargo, Montoro ha afirmado durante la sesión de control del Congreso que el Gobierno no ha puesto en marcha una amnistía fiscal sino un proceso de "regularización de activos ocultos". Montoro contradice así al propio Rajoy ya que, poco antes, durante su intervención en el Congreso se defendió de las críticas de la oposición a esta medida recordando que en España ya se hicieron tres amnistías fiscales en el pasado (1977, 1984 y 1991) y que, a diferencia de entonces, cuando los defraudadores que afloraron activos no pagaron nada a Hacienda, en este caso pagarán entre el 8% y el 10%.
Montoro ha recordado que gracias a esta particular "regularización de activos ocultos", con la que se prevé recaudar 2.500 millones de euros extra en 2012, no se tendrán que adoptar otras medidas, como la congelación de las pensiones, a la que sí recurrió el Gobierno socialista, o subidas de impuestos adicionales a las ya aprobadas. Además, ha destacado que servirá para incrementar la recaudación "extraordinariamente" y sostener así los servicios públicos básicos.