El Gobierno no hace más que anunciar reformas y recortes del gasto estatal para tratar de tranquilizar a los mercados y dotar de credibilidad a la política de ajuste económico que está emprendiendo. Lo que no entiende el Ejecutivo es que las dudas de los mercados, que son las que están disparando la prima de riesgo no están relacionadas con la calidad de las medidas que está tomando, ni mucho menos. Todo el mundo considera que la reforma laboral es un acierto y que el recorte del déficit del Estado está, en general, bien estructurado. La desconfianza viene en relación con las autonomías. Y ahí es donde falla estrepitosamente el Ejecutivo.
Las autonomías gestionan más de la mitad del gasto público en España y se han convertido en unas entidades tan manirrotas que decir gasto autonómico prácticamente equivale a decir derroche de recursos. Son ellas las que de verdad tienen que hacer los mayores esfuerzos para reducir el déficit. Sin embargo, cuando el Gobierno presentó los presupuestos, no dijo nada al respecto y los mercados se pusieron nerviosos.
Para tratar de tranquilizarlos salió a la palestra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para decir que el Gobierno estaba dispuesto a forzar a las autonomías a cumplir con su parte del ajuste presupuestario e, incluso, a intervenir a aquellas que se negaran a cumplir los objetivos marcados por el Ejecutivo. Para tratar de convencer a los mercados de su disposición a actuar de esta manera, Montoro se refirió a la nueva ley de estabilidad presupuestaria, que es la transposición a la legislación española de la directiva comunitaria sobre presupuestos nacionales, que dota al Gobierno de la capacidad jurídica para hacer lo que dice Montoro que está dispuesto a hacer el Gabinete. El problema es que los mercados saben de las dificultades políticas para intervenir autonomías. Si lo hacen con Cataluña, que ha dicho que se niega a cumplir con lo que requiere el Estado de ella en materia de ajuste presupuestario, los nacionalistas se van a echar encima del Gobierno e, incluso, pueden utilizar este hecho como excusa para proclamar la independencia. Por tanto, Cataluña no va a ser intervenida. Si se pretende intervenir Andalucía, los socialistas van a acusar al PP de pretender obtener de esta manera lo que las urnas le han negado, con lo cual, la otra autonomía con más problemas tampoco va a ser intervenida. ¿Y las que gobierna el PP? Honestamente, dudo mucho que el Gobierno vaya a hacer eso con, pongamos por ejemplo, Galicia, y no digamos ya con Castilla-La Mancha, si fuera el caso, donde gobierna la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
En resumen, que aquí nadie se cree lo que ha dicho Montoro. ¿Qué es, entonces, lo que tendría que haber hecho el Gobierno? Pues, ni más ni menos, que anunciar un cambio radical del modelo de Estado. Pero como Rajoy se niega a ello, estamos en las que estamos, con rumores crecientes de intervención por parte de la UE. ¿Cuándo se van a enterar en el PP de que, o se ponen a ello, o el Gobierno lo va a pasar muy mal?