El anuncio del gobierno de un nuevo recorte de 10.000 millones en el presupuesto del presente ejercicio para sanidad y educación ha levantado una fuerte polémica tanto por la manera de hacerlo público como por el fondo de lo que esta decisión implica. Aunque sin duda es una buena noticia que se profundice en los recortes y no en las subidas de impuestos, cabe hacer varias objeciones al inconcreto anuncio del Gobierno.
Sobre las formas empleadas no resulta serio, como los propios protagonistas del despropósito ya han reconocido, que una decisión ejecutiva que implica una modificación presupuestaria de casi el 1% del PIB se haga de forma atolondrada, a través de declaraciones de miembros del partido que apoya al Gobierno y notas de prensa sectoriales, que lejos de aclarar el alcance de tan importante medida sólo contribuyen a crear confusión respecto a los términos en que se piensa aplicar.
En cuanto al fondo de esta decisión de obtener ahorros en la gestión de la sanidad y la educación públicas, lo único que cabe lamentar es que el Gobierno no haya sido mucho más ambicioso en su proyecto de reducir el enorme gasto que ambas partidas suponen para la economía nacional, fruto en gran parte de la entrega de su gestión a las 17 comunidades autónomas en un proceso que culminó el PP de Aznar en las postrimerías de su segunda legislatura.
Las series estadísticas oficiales elaboradas por los servicios centrales del Estado, demuestran con datos fehacientes la escalada de gasto que las transferencias a las autonomías han supuesto para el bolsillo de los españoles. La sanidad pública, por ejemplo, costaba a los españoles 38.500 millones de euros en 2002, año en que culminó el traspaso autonómico, mientras que en 2010 el gasto sanitario llegó según el ministerio a los casi 89.000 millones. No hay razón para suponer que en el terreno educativo no haya ocurrido algo similar, por más que los dirigentes autonómicos se nieguen sistemáticamente a cualquier reducción que afecte a estos dos grandes campos, cuya descentralización justifica en gran parte la existencia de las propias comunidades autónomas.
El PSOE, cómo no, ya se ha levantado en pie de guerra para oponerse frontalmente siquiera a estudiar una cuestión tan importante para el bolsillo de los españoles. Al parecer, los socialistas estiman que hasta el último euro público gastado en la sanidad y la educación estatales está siendo empleado con la máxima eficacia, algo que desmienten tajantemente los estudios comparativos con los países más solventes, especialmente en el terreno educativo, en los que España ocupa sistemáticamente las últimas posiciones.
Diga lo que diga la oposición socialista, el Gobierno de España no sólo puede, sino que debe hacer economías en las dos grandes partidas de gasto nacional. Lo ideal sería retirar a las autonomías la gestión de ambas competencias, decisión que implicaría un ahorro muy superior a los 10.000 millones estimados sin afectar a la calidad de la prestación de esos servicios, simplemente por la optimización de recursos propia de las economías de escala.
Para ello haría falta un Gobierno que pensara en el interés de los españoles antes que en el de la clase política autonómica. Por desgracia para todos los contribuyentes, no parece que Rajoy esté por la labor.