Los 29.848 millones de euros, una cantidad equivalente al 2,75% del PIB, que tendrá que pagar este año el Gobierno español en concepto de intereses de la deuda constituye el mejor argumento a favor de la rápida reducción del déficit público.
Si esa partida no existiera, esto es, si no hubiera deuda, el objetivo de déficit para este año podría ser el 2,6%, frente al 5,3% que acordó el Gobierno con la Comisión Europea. La diferencia entre una cifra y otra es muy importante porque cuanto menor sea el desequilibrio de las cuentas públicas, menos recursos necesitará el Estado para financiarlo. Esos recursos, entonces, podrían estar a disposición del sector privado, sobre todo de las empresas, muchas de las cuales están sufriendo intensamente a causa de la falta de crédito con que financiar sus actividades y, en consecuencia, se ven obligadas a despedir trabajadores o, directamente, a
echar el cierre definitivamente.
El acceso de las empresas y las familias a la financiación es uno de los elementos fundamentales para que podamos salir de la crisis, ya que con sus inversiones y sus gastos se estimulará el crecimiento económico y el empleo. En consecuencia, cuanto más se reduzca el déficit, más pronto podrá llegar la recuperación económica y más fuerza tendrá ésta. Además,
cuanto antes se consigan equilibrar las cuentas públicas, antes se podrá empezar a recortar los impuestos a las empresas y las familias, que es otro elemento fundamental para la recuperación económica y la generación de puestos de trabajo.
La suavización del ajuste presupuestario, como pretenden los socialistas, no es, por tanto, una opción. Si se retrasa o se desacelera el mismo, se acumula más deuda y, con ella, se incrementa más el pago de intereses vinculados con la misma que, por su parte, alimentan el déficit presupuestario por la vía del gasto, para formar un círculo vicioso del que solo se puede salir con medidas drásticas como las que ha adoptado el Gobierno. El déficit es un mal y en tiempos de crisis como ésta, más todavía. Ahora estamos pagando las consecuencias de las políticas equivocadas de ZP de tratar de estimular el crecimiento económico a golpe de gasto público, lo cual, como vemos, solo ha servido para agudizar más la crisis. Y lo mismo cabe decir del empeño de los políticos de salvar a todas las entidades crediticias a base de ayudas públicas financiadas con deuda, cuando lo que tendrían que haber hecho es dejar caer a quien
tuviera que caer y salvar solo a aquellas que pudieran ser viables. Pero como no querían reconocer que la culpa de lo que ha pasado con las cajas de ahorros es suya, de los del PSOE y de los del PP a partes iguales, pues decidieron que las consecuencias las asuma el ciudadano a través de los impuestos y de lo que significan los intereses tan disparatados de la
deuda que tenemos que pagar ahora. Por eso, lo que toca en estos momentos es reducir el déficit lo más rápidamente posible. Y eso no solo es cosa del Estado; también le incumbe a las autonomías y los ayuntamientos, que tantas pegas están poniendo a la hora de apretarse el cinturón.