La Comisión Europea y el Banco Central Europeo apoyaron hoy el anteproyecto de los presupuestos generales del Estado para 2012, aprobados hoy por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero urgieron a precisar los detalles y acelerar su tramitación.
"Las reacciones, tanto de la Comisión como del Banco Central Europeo, han sido positivas en términos generales", señaló el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, al término de la primera jornada del Ecofin que se celebra en Copenhague.
"Se ha considerado que el esfuerzo es importante, que España cumple con sus objetivos de consolidación fiscal", añadió De Guindos después de explicar en la reunión las líneas generales del presupuesto para 2012.
Tanto fue así que el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, por su parte, se declaró "muy satisfecho" y destacó los "esfuerzos" hechos por España para ajustarse a los objetivos acordados en el seno de la UE.
"España está tratando de aplicar la política que esperamos sus socios europeos", afirmó Juncker en un encuentro con la prensa española.
Juncker señaló que "a primera vista" los presupuestos son aptos "para tranquilizarnos y para tranquilizar a los mercados financieros" y consideró que permitirán lograr los objetivos fijados. Y lo hizo convocando a los periodistas en su hotel para hacer estas declaraciones.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, sostuvo en rueda de prensa que "España está demostrando determinación con sus políticas fiscales y estructurales" y celebró que el presupuesto español para 2012 confirme el objetivo de rebajar el déficit del 8,51 % del PIB actual al 5,3 %.
Rehn indicó que la Comisión Europea hará una evaluación completa a principios de la próxima semana cuando haya recibido toda la información relevante de las cuentas españolas, incluida la que se refiere a las autonomías.
No obstante, señaló que "el compromiso sin ambigüedades del Gobierno español con el objetivo de déficit del 3 % para 2013 es de hecho de una importancia suprema", en referencia al próximo año.
Desde el Banco Central Europeo, Jörg Asmussen, miembro del comité ejecutivo del organismo, dijo que prestarán especial atención que al recorte de los gobiernos regionales y urgió a que las medidas se adopten cuanto antes y llegó a mencionar la posibilidad de iniciar un procedimiento urgente ya que el proceso estándar puede retrasarse hasta junio.
De Guindos comentó a este respecto que España llevará a cabo la tramitación "lo antes posible" y afirmó que se buscarán vías para acelerar el procedimiento parlamentario normal.
En cuanto a la petición de la Comisión Europea de que aclaren todos los detalles del presupuesto, el ministro reconoció que aún falta el detalle "concreto y específico", pero que esto se hará la próxima semana.
De Guindos negó, por otro lado, que España vaya a presentar un presupuesto bianual y aclaró que lo que Madrid remitirá a Bruselas en el plazo de tres semanas es su plan de estabilidad que incluye un planteamiento multianual de la posición presupuestaria de España hasta 2015.
"En un espacio de tiempo muy breve empezaremos la discusión del cuadro macroeconómico para el año que viene, el objetivo de techo de gasto que es lo primero que se determina y, por tanto, la discusión de lo que es el presupuesto 2013", precisó.
El ministro explicó que aunque los demás países comunitarios no manifestaron expresamente una posición sobre las cuentas españolas, su percepción es que tienen en cuenta el esfuerzo que está realizando el país de cara a cumplir con sus objetivos de consolidación fiscal.
Asimismo, aseguró que la UE tiene en cuenta que España "está haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista del ajuste del gasto" y que valora también el conjunto de medidas de reforma laboral, de reforma del sector financiero.
Para poder cumplir el objetivo de déficit del 5,3 %, el Consejo de Ministros español ha aprobado hoy el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2012, los más austeros de la democracia, con un ajuste de 27.300 millones que se conseguirá con medidas como reducir del gasto ministerial el 17 % y subir el impuesto de sociedades para grandes empresas.