El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente año, tras haber realizado el pasado 30 de diciembre una prórroga de los de 2011 –que no quisieron hacer los socialistas– y llevar a cabo un acuerdo de no disponibilidad por importe de 8.900 millones de euros, como primer mensaje de ajuste.
Recogen un descenso del gasto ministerial del 17%, con un importante ajuste del gasto no financiero y una bajada del techo de gasto hasta los 118.000 millones de euros, con "un ajuste de 27.300 millones de euros debido a la situación crítica de la economía española", en palabras del ministro de Hacienda.
Este presupuesto, realizado con un cuadro macro realista, que indica una caída de la economía del 1,7% en 2012 y un objetivo de déficit del 5,3% para el conjunto de Administraciones Públicas, es un paso más en la senda del ajuste que hay que realizar, junto con las simultáneas reformas estructurales para que la economía pueda recobrar la actividad.
Así, tras haber asistido en la etapa de Gobierno socialista a la mayor expansión de la historia en los PGE –recordemos que en los de 2010 el gasto no financiero llegó a presupuestarse con un crecimiento del 17,3%– y a la ausencia completa de reformas económicas, estos Presupuestos Generales del Estado son los que España necesita en estas circunstancias para, junto con las imprescindibles reformas, marcar el camino de regreso a la creación de actividad económica, la generación de empleo y, en definitiva, la prosperidad de los españoles.
Son unos presupuestos austeros, que limitan el endeudamiento y liberan así recursos para que el sector productivo pueda tener un mayor margen de financiación y generar, así, actividad económica y empleo.
Son unos presupuestos creíbles, basados en un cuadro macroeconómico realista y que persiguen la estabilidad presupuestaria desde la transparencia.
Y son unos presupuestos comprometidos con el objetivo de estabilidad presupuestaria, al marcar como objetivo irrenunciable alcanzar el objetivo de un déficit del 3% del PIB en 2013, tal y como marcan los acuerdos establecidos con la Unión Europea.
Todo ello, realizado de manera simultánea con unas reformas estructurales que precisa la economía española.
Entre las ya iniciadas, se encuentran reformas tan positivas como la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que dota de solvencia a España, la reforma del sistema financiero, que ayudará a que fluya la liquidez, y la reforma laboral, tan importante para España, que supone una reforma profunda dirigida a fomentar la contratación.
En este sentido, es esencial que se acometan cambios en la normativa estatal que permitan a las Comunidades Autónomas reducir su gasto, ya que éste es, ahora mismo, muy rígido a la baja, de manera que son precisos esos cambios para que las regiones puedan ahorrar, y así facilitar que las regiones y el conjunto de España cumplan con su objetivo de estabilidad ante Bruselas, como, con total seguridad, sucederá gracias a esta agenda reformista que impulsa, desde la austeridad y el compromiso con el equilibrio presupuestario, el nuevo Gobierno de España.