El presupuesto para este año responde a la realidad de la crisis y debería contribuir a despejar dudas acerca de la capacidad de España de llevar a cabo el ajuste presupuestario que necesita.
El Gobierno acaba de presentar un Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 que encaja bastante bien con la situación de grave crisis económica y fiscal por la que atraviesa nuestro país. Lo primero que hay que destacar del mismo es que establece un recorte ambicioso del déficit estatal, ni más ni menos que 27.300 millones de euros, o el 2,5% del PIB. El Ejecutivo no podía hacer otra cosa, teniendo en cuenta las presiones que viene sufriendo la deuda española en los mercados desde hace semanas, así como los compromisos contraídos con la Unión Europea. Pero, sobre todo, no podía hacer otra cosa porque mientras no se reduzca de forma drástica el déficit de todas las administraciones públicas, no podrá empezar a fluir ese crédito hacia el sector privado que debe cimentar la recuperación de la economía española y el proceso de creación de empleo. Consciente de ello, el Ejecutivo ha actuado como debía marcándose un objetivo bastante ambicioso.
La estrategia de ajuste también es adecuada. Por un lado, además de volver a congelar el sueldo a los funcionarios, el Gobierno va a aplicar un recorte del 17% a los gastos de los ministerios mientras mantiene las prestaciones sociales, algo lógico cuando en este país vamos camino de los seis millones de parados. Sin duda, en la poda de gastos se podría ir todavía más lejos, eliminando políticas completas de dudosa necesidad y cerrando entes y organismos públicos de todo tipo. En cualquier caso, una reducción de los pagos del Ejecutivo del 17% ya supone un tijeretazo importante que se debería haber dado hace bastante tiempo. Por otro, el Gabinete opta por una subida de impuestos bastante neutral respecto al funcionamiento de la economía. Las grandes empresas verán cómo desaparecen toda una serie de beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades de que venían disfrutando y que provocaban que pagaran bastantes menos impuestos en relación con su capacidad de tributación que las pequeñas y medianas empresas. Ese desequilibrio fiscal por fin se va a corregir, permitiendo al Estado incrementar sus ingresos sin afectar para nada al consumo o al conjunto de la actividad productiva. Lo mismo cabe decir de la nueva subida del Impuesto Especial sobre Labores de Tabaco. Todo ello viene complementado, además, de una amnistía fiscal para el dinero negro expatriado.
En conjunto, por tanto, el presupuesto para este año responde a la realidad de la crisis y debería contribuir a despejar dudas acerca de la capacidad de España de llevar a cabo el ajuste presupuestario que necesita. De hecho, este viernes, la prima de riesgo se redujo ligeramente. Ahora la cuestión es ver si los instrumentos legales que está aprobando el Gobierno para obligar a las autonomías a llevar a cabo su parte del recorte del déficit realmente consiguen que los ejecutivos regionales dejen de tirar el dinero y procedan a hacer lo que tienen que hacer.
