CCOO y UGT rechazaron este martes responsabilizarse del cumplimiento de los servicios mínimos en las ocho comunidades autónomas donde no ha habido acuerdos. Se trata de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia.
En rueda de prensa celebrada en Madrid, los secretarios de Organización de CCOO y de UGT, Antonio del Campo y José Javier Cubillo, aseguraron que los sindicatos sólo se harán cargo de "los servicios mínimos que hemos pactado; del resto, en absoluto".
En este sentido, indicaron que el acuerdo de servicios mínimos sigue pendiente en Canarias y en Ceuta y que en otros entes públicos tampoco hay acuerdos, como son el caso del Ministerio de Industria, el Ministerio de Justicia y la Administración General del Estado.
Los representantes sindicales adelantaron que van a denunciar los servicios mínimos fijados unilateralmente que consideren abusivos y exigieron un "compromiso público" por parte de la CEOE, de Cepyme y del Gobierno para garantizar el "respeto a la libre voluntad" y a condenar cualquier "coacción".
Asimismo, ambos sindicatos criticaron una circular que la patronal CEOE habría enviado a sus trabajadores en la que se calificaba la cita del próximo jueves como "huelga política".
Cubillo lamentó también que "por primera vez en España desde la democracia" va a haber trabajadores que "no van a secundar la huelga porque tienen miedo", circunstancia que hace "un flaco favor a la democracia".
"Agitar el árbol del miedo y recoger el fruto de los árboles que mueve la extrema derecha no es una buena tarea para nadie", ya que "eso se acaba pagando" porque el día de la huelga es uno, pero luego hay "muchos más días", advirtió Cubillo.
Por su parte, Del Campo hizo públicas algunas quejas recibidas a nivel territorial por parte de trabajadores presionados para no acudir a la protesta sindical y recordó que "los trabajadores no están obligados a comunicar si van a hacer huelga o no".
Sobre los resultados electorales de los comicios en Andalucía y Asturias celebrados el pasado domingo, apuntaron que se trata de "un resultado electoral incentivador" que supone "una sensación de alivio de que los ciudadanos establecieron una respuesta inteligente" ante la "agresión" de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo.