Este país está pidiendo a gritos una ley de huelga, porque la situación ya es insostenible. Resulta que unos sindicatos que se negaron a negociar una reforma laboral con el Gobierno del PP, solo porque era del PP y no de izquierdas, y que quieren seguir llenándose los bolsillos a manos llenas a costa del presupuesto público en unos tiempos en los que hay que recortar el gasto público como sea para poder salir de la crisis y crear puestos de trabajo, quieren ir a una huelga cuya finalidad es únicamente política.
Pues bien, este es el primer motivo por el que se precisa dicha ley. Les guste o no a los sindicatos, el Gobierno del PP ha sido elegido democráticamente en las urnas, lo cual legitima su acción de gobierno siempre que se ajuste a los principios de la Constitución y del Derecho.
La reforma laboral encaja perfectamente en estas consideraciones. Entonces, ¿quiénes son ellos para tratar de paralizar un país en contra de lo que deciden las instituciones elegidas democráticamente? No son nadie. Por ello, lo primero que debería hacer esa ley de huelga es prohibir las huelgas políticas.
Los sindicatos dicen que por encima del derecho al trabajo está el derecho a la huelga. Eso será en una concepción revolucionaria y antidemocrática de dichos derechos porque en una democracia ambos se sitúan al mismo nivel. Lo que debería hacer una ley de huelga, por tanto, es proteger ambos por igual, una vez prohibidas las huelgas políticas. Y, para ello, debería regular también los servicios mínimos del transporte público con
el fin de que todo aquel que quiera ejercer su derecho al trabajo pueda hacerlo libremente. Claro que esa es una cuestión de la que los sindicatos no quieren oír ni hablar porque como no representan a nadie necesitan paralizar el transporte público para impedir que la gente pueda acudir a su puesto de trabajo, y después decir que la huelga ha sido un éxito. Esto se acabaría, como digo, regulando los servicios mínimos del transporte público por ley y estableciendo penas de cárcel para quienes los incumplan
o promuevan su incumplimiento.
Por último está la cuestión de los piquetes. Una verdadera ley de huelga debería prohibirlos porque constituyen una estructura gansteril cuyo único fin es amedrentar a quien quiera ejercer el derecho al trabajo e, incluso, impedírselo. Por supuesto, los sindicatos no opinan lo mismo porque en su concepción revolucionaria y antidemocrática del derecho de huelga, los piquetes, esto es, la amenaza, la intimidación y, por que no, la violencia, constituyen armas necesarias para que triunfe el paro. Pero, precisamente porque los piquetes tienen estas características –todo el mundo sabe cuándo hay una huelga general y por qué se convoca-, deben prohibirse y establecerse penas de cárcel para quienes los promuevan o participen en ellos. Y lo mismo cabría aplicar a quienes inciten o ejecuten de una u otra forma actos violentos ya sea contra quien pretende
ejercer libremente su derecho al trabajo, ya sea contra el destrozo de bienes públicos o privados, ya se mediante la búsqueda deliberada del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado. Solo así todo el mundo será libre de ejercer el derecho que quiera, el de huelga o el del trabajo.