¿Cuál será el futuro de YPF? Contestar a esta pregunta, este miércoles 21 de marzo de 2012, tras el tenso Consejo de Administración que ha tenido lugar en Buenos Aires, no es nada sencillo, ni siquiera para aquellos que mejor conozcan a la compañía.
La filial de Repsol está desde hace tiempo en el punto de mira del Gobierno argentino. Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta a una caída de su popularidad y la recuperación de una antigua compañía estatal tan relevante como YPF podría servir a mejorar los resultados de las encuestas. De hecho, las provincias que han comenzado a tomar decisiones sobre la petrolera ya han utilizado, sin ningún remilgo, la vieja retórica antiespañola.
Aunque tiene importantes reservas tanto de petróleo como de gas, Argentina ha sido un importador neto de crudo en los últimos ejercicios. El Gobierno culpa de esta situación a la falta de inversiones por parte de YPF, algo que la compañía niega. De hecho, ésta es la excusa que se esconde detrás de los intentos privatizadores de Fernández de Kirchner. De esta manera, el Ejecutivo se presenta como garante de los derechos de los consumidores, a los que la supuesta avaricia de unos malvados españoles pondría en peligro de quedarse sin petróleo. Incluso, se ha llegado a hablar de riesgo de desabastecimiento de cara al próximo invierno austral.
El problema estaría más en cómo acometer esa toma de control de YPF que en la decisión. Parece claro que el Gobierno argentino no tiene dudas de que su objetivo es quedarse con la compañía, pero la presión internacional no facilitará que adopte medidas drásticas, como una expropiación directa.
Compra de acciones
La alternativa podría ser tan simple como una compra del 51% de las acciones de la compañía en el mercado. En los últimos meses, YPF ha perdido buena parte de su valor en bolsa, algo en lo que han tenido mucho que ver los diversos anuncios del Gobierno argentino. Así, la estrategia parece clara: primero se anuncian duras medidas contra la empresa, como las anunciadas por las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén, que han retirado las concesiones en su territorio. Aunque estos pozos apenas suponen el 3% de la producción de YPF, éstas y otras medidas han levantado suspicacias entre los inversores, que se temen que Fernández de Kirchner tire por la calle de en medio en cualquier momento.
La consecuencia es que la cotización de YPF ha pasado de los más 46 dólares por acción de julio de 2011 a los apenas 27 dólares que ronda estos días. Esto ha provocado que la capitalización bursátil esté en estos momentos alrededor de los 10.000 millones de dólares, un coste accesible para el Estado argentino. De hecho, sólo con la mitad ya podría conseguir el control requerido. La prensa del país ya habla abiertamente de que Fernández de Kirchner estaría preparando una ley para permitir al Gobierno entrar en el accionariado de compañías privadas en sectores estratégicos.
Pero conseguirlo de forma voluntaria no será sencillo. Repsol se hizo con el control de YPF en 1999 y desde entonces considera a su filial argentina como estratégica. Antoni Brufau, el presidente de la petrolera, nunca ha hecho la más mínima mención a una posible renuncia al control de la compañía. Los accionistas de YPF son Repsol (con un 57,43%), el Grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi, con un 25,46%), los minoristas (17,09%) y el Estado argentino (con un 0,02%, que incluye la denominada acción de oro).
Además, tanto el Gobierno español como el propio Rey Juan Carlos han apoyado de forma directa los intereses de la petrolera hispana. Si Argentina toma acciones unilaterales, tendrá que enfrentarse no sólo a la más que segura demanda de Repsol, sino a la presión diplomática del Ejecutivo hispano. De hecho, se ha hablado incluso de que el Rey amenazó con pedir la exclusión de Argentina del G-20 en caso de nacionalización de YPF.
El enfrentamiento
Este enfrentamiento, que viene desde mediados del pasado año, se ha recrudecido en los últimos días. Por una parte, está la decisión de los Gobiernos de las provincias de Chubut y Santa Cruz revocando las licencias de YPF, que afectan a un 2,76% y a un 2,38% de las reservas comprobadas totales. En Repsol, ven la mano del Ejecutivo argentino detrás de estas decisiones. La compañía ha asegurado tras su Consejo de Administración de este miércoles que está dispuesta a defenderse "en todos los ámbitos" a su alcance.
En segundo lugar, el Consejo YPF ha propuesto a la junta general de accionistas el reparto del dividendo correspondiente a 2011 en acciones, en vez de en efectivo, a pesar del rechazo del Gobierno argentino, que tiene un asiento en el directorio de la empresa. La intención de Fernández de Kirchner era crear una reserva para inversiones con el objetivo de aumentar la producción.
De hecho, el secretario de Política Económica del país, Axel Kicillof, aseguró a la prensa argentina que durante la reunión se produjo "una fuerte controversia con la dirección de la compañía" debido a que la misma no había tomado en cuenta la propuesta del Estado de crear una "reserva de inversiones". Como contrapartida, señaló el dirigente, los miembros del consejo de YPF propusieron no repartir dividendos y utilizar esos fondos para "capitalizar" la empresa y repartir "más acciones a los accionistas". Ahora, la duda está en saber cuál será el próximo movimiento de Fernández de Kirchner tras la negativa de Repsol a plegarse a sus intereses.