La medición oficial de la deuda pública incorpora importantes matices a tener en cuenta. Según los datos publicados por el Banco de España, la deuda pública oficial ascendió a 735.000 millones de euros en 2011, el 68,5% del PIB, casi el doble que en 2007. Este es el dato oficial que se remite a Bruselas, puesto que se calcula según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), la metodología contable que establece la Unión Europea.
Sin embargo, una cosa es la deuda consolidada (reconocida) y otra distinta la deuda real (compromisos presentes adquiridos). Según el Banco de España, la deuda real del conjunto de las Administraciones Públicas (pasivos en circulación) ascendía ya a 880.000 millones de euros en el tercer trimestre de 2011 (82,2% del PIB). Si a esta cifra se suma la deuda del cuarto trimestre, se aproximará al 90% del PIB este ejercicio. Y ello, sin tener en cuenta el volumen de avales públicos y otras partidas garantizadas por el Estado que, si bien tampoco consolidan en los presupuestos, son, igualmente, compromisos financieros implícitos.
Este volumen de deuda oculta es relevante por varios motivos, tal y como reflejan dos precedentes recientes:
- El nuevo mecanismo de pago a proveedores ha desvelado una factura pendiente de 35.000 millones de euros por parte de ayuntamientos y autonomías. Muchas de estas facturas permanecían ocultas en los cajones del sector público, y el ahogo financiero que sufren estas administraciones ha terminado por abocarlas al incumplimiento, hasta el punto de que el Gobierno central ha tenido que salir al rescate. Es decir, el hecho de que no se contabilice esta deuda no implica que no exista.
- Los avales públicos tampoco se contabilizan como deuda consolidada... Hasta que se ejecutan. Irlanda es un buen ejemplo de ello. El Estado irlandés quebró a finales de 2010 y tuvo que pedir un rescate internacional como resultado de garantizar (avalar) todos los pasivos de su sistema financiero (incluyendo el 100% de los depósitos). Puesto que el tamaño de la banca celta multiplicaba varias veces el PIB del país, el colapso de su sistema financiero arrastró consigo al Estado hacia la insolvencia.
En el caso de España, todos los analistas coinciden en que el principal problema se concentra en la abultada deuda privada que acumula el país -una de las más elevadas del mundo-, al tiempo que los políticos destacan que el endeudamiento público sigue siendo bajo, inferior a la media de la zona euro. Pero, si bien esto es cierto, no lo es menos el hecho de que la deuda oficial se ha duplicado durante la crisis, mientras que la real -no consolidada y avales- sigue en ascenso y, por tanto, añade presión extra a las cuentas públicas nacionales.
¿A cuánto asciende la deuda real?
Precisamente, éste es uno de los puntos que empieza a llamar la atención de los analistas e inversores internacionales. Así, un reciente artículo del Financial Times, bajo el título Suena la alarma sobre la creciente deuda pública de España, destacaba el hecho de que la deuda real se aproxima ya al 90% del PIB. El cálculo sale de la siguiente forma:
1. Deuda oficial: 735.000 millones
El conjunto del sector público ha acumulado, por el momento, una deuda de 735.000 millones de euros a cierre del ejercicio 2011, el 68,5% del PIB: la deuda estatal se sitúa en 560.000 (52,1% del PIB); la autonómica ronda los 140.000 millones (13,1% del PIB); y la municipal asciende a 35.500 millones (3,3% del PIB).
2. Compromisos financieros: 173.000 millones
A esta cifra cabe sumar la que no se contabiliza a efectos de Protocolo de Déficit Excesivo, pero que también es un pasivo (deuda). Tal y como recoge el propio Banco de España, el sector público acumulaba una deuda oculta de 173.000 millones de euros hasta el tercer trimestre de 2011 -último dato disponible-, bajo el epígrafe "ajustes por pasivos no incluidos y valoraciones".
De este modo, la deuda total ascendía a 879.933 millones de euros el pasado septiembre (82,2% del PIB). Esta cifra superará de lejos los 900.000 millones a cierre de 2011, tras incorporar la deuda (oficial y oculta) del cuarto trimestre.
¿De dónde salen esos 173.000 millones extra? Edward Hugh, analista de RGE Monitor -la firma de análisis del conocido economista Nouriel Roubini- desgrana esta partida:
a) Facturas sin pagar: casi 73.000 millones de euros en facturas pendientes de pago en el tercer trimestre, repartidos entre Gobierno central (27.700 millones), autonomías (20.800 millones) y ayuntamientos (14.900), según recoge el Banco de España. Las facturas de autonomías y ayuntamientos coinciden, casualmente, con el importe del nuevo Fondo estatal de pago a proveedores (35.000 millones).
b) Deuda de las empresas públicas: 56.000 millones de euros en 2011, repartidos entre Gobierno central (32.700 millones), autonomías (13.900 millones) y ayuntamientos (9.300).
c) Fondo de Reserva de la Seguridad Social: la hucha de las pensiones acumulaba unos 65.000 millones de euros en activos en 2010, según el último informe anual publicado. De esta cantidad, unos 56.600 millones estaban invertidos en deuda pública nacional.
3. Pasivos contingentes: otros 170.000 millones
Dentro de la contabilidad de cualquier empresa suele reservarse una partida a "pasivos contingentes", que sirve para contemplar una posible situación de gastos extraordinarios que conlleve una incertidumbre financiera sobre el balance. El Estado también cuenta con abundantes "pasivos contingentes", en forma de avales, préstamos y deuda empresarial que, si bien tampoco consolida como deuda, supone un sustancial compromiso financiero implícito. Entre otras partidas, destacan las siguientes:
a) El Estado garantizó deuda bancaria (emisiones de entidades) por valor de 98.348 millones de euros en 2011 (9,2% del PIB). Es decir, en caso de incumplimiento (insolvencias financieras) el Gobierno asumiría esta carga.
b) El FROB (Fondo de rescate bancario) ha inyectado otros 14.800 millones de euros a entidades con problemas, y aún dispone de otros 36.000 millones que podrían ser empleados en caso de necesidad. De hecho, tras algunos rescates financieros la cuantía avalada por el Estado es mayor, ya que en las últimas operaciones de adquisición de cajas insolventes el Gobierno respalda pérdidas futuras mediante los denominados "esquemas de protección e activos".
c) El Instituto de Crédito Oficial (ICO), por su parte, cuenta con unos activos (préstamos) próximos a los 27.000 millones de euros, que cuentan con la garantía del Estado. Esta partida seguirá creciendo en los próximos meses, como resultado de los nuevos préstamos a ayuntamientos y autonomías (10.000 millones) y el aumento de crédito a pymes y autónomos.
d) Por último, también cabe señalar el denominado déficit de tarifa -el dinero que se adeuda a las eléctricas-, igualmente garantizado por el Gobierno, que ronda los 25.000 millones de euros. A ello cabría sumar, además, el compromiso del Gobierno de rescatar a las concesionarias de autopistas en riesgo de quiebra, cuyo pasivo asciende a unos 3.000 millones de euros.
Estas partidas suman un total de 168.000 millones de euros en pasivos contingentes, es decir, avales y garantías estatales que podrían convertirse -parcialmente- en deuda extra consolidada en caso de problemas.
¿Resultado? Una deuda real en constante ascenso
De este modo, la deuda pública real que acumula España se aproxima al 90% del PIB y superará ampliamente este límite en 2012. Si a esta cuantía se suma el conjunto de avales y garantías aportados por el Estado, el volumen total de compromisos financieros del sector público (explícitos e implícitos) superaría ya el 100% del PIB.