La Generalidad de Cataluña aplicará una reducción del 15 por ciento de jornada y sueldo a unos 6.800 interinos a partir del 1 de abril y durante los próximos dos años, según han explicado los portavoces de los sindicatos de la mesa general de la función pública tras reunirse con representantes de la Consejería de Gobernación.
El Gobierno de Artur Mas prevé aprobar el próximo martes en el Consejo Ejecutivo un plan de empleo para racionalizar la organización del personal de la administración pública, que incluye esta reducción de jornada a interinos técnicos y administrativos, que afectará mayoritariamente al colectivo de administrativos y subalternos de los centros educativos, que suman entre 3.500 y 4.000 personas, según ha concretado en rueda de prensa la portavoz de CCOO, Montse Ros.
De la reducción de jornada quedan excluidos el personal interino de bomberos, agentes rurales, auxiliares técnicos y técnicos especializados de servicios penitenciarios y los titulares superiores de veterinaria en los mataderos.
Los sindicatos han lamentado la falta de voluntad negociadora de la Generalidad, ya que han asegurado que recibieron esta propuesta la pasada noche y que sólo cuentan hasta el lunes por la tarde para volver a reunirse con los representantes de Gobernación.
"¿Alguien cree que se puede negociar un plan de empleo entre el viernes por la mañana y el lunes por la tarde? Esto es teatro", ha lamentado Ros.
Los sindicatos han advertido de que el plan tiene los mismos objetivos que la reforma laboral: devaluar el sueldo de los empleados públicos y romper la negociación colectiva, por lo que han hecho un llamamiento a los trabajadores públicos a secundar la huelga general del próximo 29 de marzo.
El Parlamento catalán incluyó una disposición en la ley de medidas fiscales y financieras en la que instaba al Gobierno de Artur Mas a aplicar la reducción del 15 por ciento de jornada a los interinos dentro de un plan de empleo a negociar en la mesa de técnicos y administrativos, aunque la Generalidad lo ha hecho extensivo a la mesa general de la función pública, excluyendo al personal docente no universitario y del Instituto Catalán de la Salud (ICS).
El plan de empleo afectará a unos 45.000 trabajadores públicos, entre personal funcionario y laboral, y prevé que la Generalidad pueda aplicar de forma unilateral medidas de reorganización de tareas y funciones, así como la reordenación de jornada y horarios, modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de efectivos.
También reducir en un 30 por ciento el número de puestos de trabajo de jefes de servicio y similares que cuentan con una jornada de dedicación especial, trabajan hasta 40 horas semanales con el suplemento salarial equivalente.
Según los sindicatos, la Generalidad prevé tener elaborado un diagnóstico de la situación de la función pública en octubre, pero las medidas que contempla el plan se podrán llevar a cabo antes del estudio.