Las empresas públicas siempre han estado en el punto de mira de Mariano Rajoy. "Sobran la mitad de la mitad", llegó a decir cuando aún era jefe de la oposición. Ya en el Gobierno, el mensaje ha sido coincidente: la maraña administrativa es tal que "muchas no están generando servicios y dan lugar a todo tipo de corruptelas", asegura el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el Consejo de Ministros de este viernes se dará un paso clave en esta dirección.
En esta situación, Rajoy ha dado luz verde a un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial, que este viernes se hará oficial. En total, se eliminarán veintisiete sociedades mercantiles estatales, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler o la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado. También caerán algunas muy destacadas, aunque poco conocidas, como Ingeniería y Servicios Aeroespaciales INSA y Remolques Marítimos SA.
Es lo que un asesor de Moncloa ha venido a llamar el "efecto Aznar", recordando al plan de reestructuración del sector público que lideró cuando se hizo con las riendas del país en 1996. Cabe recordar, pues viene al hilo, que muchos de los asesores que hoy están en presidencia vienen de la escuela de FAES -fundación que preside el expresidente- o del entorno de Rodrigo Rato, quien fuera su ministro de Economía.
Ésta es la primera medida de varias a fin de alcanzar un entramado público limpio de "duplicidades y triplicidades", según fuentes del Gobierno. Ponen como ejemplo los planes de acción ya ejecutados en Castilla-La Mancha, Baleares o Extremadura, donde la tijera afectó sobremanera a este sector. Solo un dato: José Ramón Bauzá eliminó de una tacada 92 empresas públicas, lo que supuso un ahorro de 115 millones al año.
Recuerdan desde Moncloa que las empresas públicas nacieron con el objetivo de desarrollar actividades no cubiertas por la iniciativa privada y que fueran de interés general. Pero, según han descubierto, "se ha podido recurrir a ellas para huir de los controles presupuestarios" y "habría proliferado entidades para evitar el cómputo de determinadas inversiones sin una clara justificación jurídico mercantil". "Reducir, fusionar y eliminar las entidades que no sirvan a un propósito público claro y justificado", avanzó recientemente Soraya Sáenz de Santamaría.
El plan: fue diseñado a dúo por el Ministerio de Hacienda y el equipo económico de Presidencia y afectará a corto plazo a un total de 49 empresas, el 35 por ciento de las 140 existentes. Además de suprimir 27, se "agilizarán" los procesos de liquidación ya iniciados de 14 sociedades y se desinvertirá en otras ocho empresas, adelantó EFE. Para rematar, se aprobará la desinversión de participaciones accionariales minoritarias en 35 compañías.
La pregunta: lo que ocurre es que hay empresas públicas y empresas públicas. No es lo mismo vender una participación minoritaria en una pequeña compañía que deshacerse del 20% de Red Eléctrica, del 5% de Enagas, del 2,71% de Iberia o del 8,65% de Ebro Foods. Del mismo modo, no es igual cerrar la Sociedad del V Centenario (¿cómo puede ser que siga abierta?), que vender Renfe, privatizar RTVE o cerrar los astilleros deficitarios. Por eso, la pregunta es, ¿qué hará el Gobierno? ¿tomará medidas sobre los grandes conglomerados o se quedará en un movimiento cosmético, cerrando y fusionando pequeños organismos? Desde Moncloa, aseguran que será el primer paso de un proceso que durará más tiempo y que afectará a algunas de las grandes compañías públicas. La sensación es que este viernes sólo se verán afectados pequeños entes y que los grandes elefantes quedarán a salvo... al menos por el momento.
Las cifras: entre Estado, CCAA y ayuntamientos estamos hablando de 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios. De ahí que fuentes del Ejecutivo insistan en que éste "solo es el inicio". Hay margen "para una alta reducción", añadió la vicepresidenta primera.
Participaciones: capítulo aparte habría que abrir a la privatización en aquellas empresas en las que la administración tiene participaciones. Esto no significa que este viernes se vayan a anunciar, pero sí que están en el paquete en el que trabajan Hacienda y Presidencia. La más importante sería, por volumen y notoriedad pública, la de Red Eléctrica, que actualmente se sustenta en un 20% por lo público. La aeronáutica EADS (algo más de un 5%) o la empresa de alimentación Ebro Puleva (más del 8%) también podrían perder la participación del Estado en breve.
Extinción de filiales: lo que seguro abordará el Consejo de Ministros es la extinción de filiales por su integración en la matriz o la supresión de empresas, cuya permanencia no esté justificada por el interés público. Se agilizarán también los procesos de liquidación de 14 empresas ya iniciados, como los casos de Barcelona Holding Olímpico o la sociedad que se creó para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, continúa la información de EFE.
Fusión de sociedades: de igual forma, el Gobierno dará el OK a la fusión de sociedades públicas y el traspaso de la titularidad de algunas participaciones accionariales dentro del sector público. Este ocurrirá, por ejemplo, en el caso de Correos, que pasará de la dirección general de Patrimonio a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Sueldos y tarjetas: los organismos reguladores, el sueldo de altos cargos o el fin de todo lo VIP -en relación a tarjetas de crédito oficiales, coches u hoteles de más de cuatro estrellas- completan un plan de acción que, insisten en Moncloa, aún tendrá varias fases más. Y es que, en voz de Sáenz de Santamaría, "si tenemos que hacer un esfuerzo, los cargos públicos los primeros".