El pasado viernes 2 de marzo, el periódico británico The Guardian anunció que dos regiones inglesas han iniciado los trámites para ‘privatizar’ parte de sus fuerzas policiales. Según desveló el rotativo, las autoridades policiales de West Midlands y Surrey han invitado a G4S y otras empresas privadas de seguridad a pujar por diversos servicios hasta ahora reservados al sector público.
Se tratará del mayor contrato de privatización policial hasta la fecha, con un montante de 1.500 millones de libras esterlinas (1.793 millones de euros), que podría elevarse hasta 3.500 millones (4.184 millones de euros) en función de la magnitud definitiva de la operación, durante los próximos diez años.
Es un salto de gigante respecto al reciente precedente de Lincolnshire, donde la Policía ha contratado los servicios de G4S por valor de 200 millones de libras (239 millones de euros). En virtud de ese contrato, la empresa privada construirá y gestionará, por vez primera, una comisaría de Policía, incorporando en el proceso a 900 trabajadores procedentes del sector público. Aunque a menor escala, otras regiones, entre las que destacan Cleveland, Cheshire, Avon y Somerset, están contemplando igualmente ofrecer algunos de sus servicios policiales al sector privado.
Por su parte, la ministra de Interior, Theresa May, después de recortar en un 20% los fondos a la Policía para los próximos cuatro años -hasta 2014-15-, ha afirmado que el programa de "cooperación empresarial" en West Midlands y Surrey empezará en primavera. La iniciativa tiene el pleno respaldo del Gobierno de coalición liderado por Cameron.
Los dos impulsores de la iniciativa son el jefe de Policía de las West Midlans, Chris Sims, y Mark Rowley, que hasta hace poco ocupaba el mismo cargo en Surrey. Tras una "discusión robusta y franca" mantenida el mes pasado, las autoridades policiales dieron luz verde a la privatización con 11 votos a favor y 5 en contra. Un portavoz de la autoridad policial de las West Midlands afirmó: "La combinación con el sector privado se dirige a transformar totalmente la forma en que la fuerza actualmente trabaja, mejorando el servicio ofrecido al público".
En términos similares se ha expresado la Asociación de Oficiales Jefes de Policía. Peter Fahy, jefe de Policía de Greater Manchester, al norte de las West Midlands, ha asegurado que es necesario un cambio "radical y fundamental" para poder hacer frente al "desafío enorme de los recortes financieros".
El excomisario de la Policía Metropolitana, Sir Ian Blair, considera por su parte que la iniciativa representa una oportunidad para que los cuerpos policiales "puedan modernizar sus presupuestos como lo haría cualquier otra institución, a saber: reduciendo los costes unitarios". Sir Ian puntualiza, además, que defensores y detractores yerran al clasificar esta medida de "privatización" pues, en efecto, lo que se ofrece es contratar empresas privadas para desempeñar ciertas labores del sector público, sin que éste deje de ser el responsable último del servicio.
El contrato
Los pujantes potenciales han recibido un contrato de 26 páginas para realizar todos los servicios que "pueden ser delegados legalmente al sector privado". No quedan incluidos ciertos poderes policiales como el de arrestar.
La oferta se divide en dos lotes, uno para los servicios de custodia y el otro para todos los demás. La intención es que una única empresa se quede con el contrato principal. Se contempla, sin embargo, la posibilidad de que una segunda empresa pueda gestionar los servicios de custodia separadamente.
La "lista no exhaustiva" de actividades que se ofrecen al sector privado es la siguiente:
- Servicio de garantía: gestionar el rendimiento, mantener los estándares profesionales, asegurar el acatamiento, gestionar riesgos, ofrecer servicios legales.
- Traer a los delincuentes ante la Justicia: investigar crímenes, detener sospechosos, disposición no judicial, desarrollo de casos, dar apoyo a la acusación.
- Gestionar incidencias: dar respuesta a incidencias, gestionar las escenas de incidencias, investigar incidencias, dar apoyo a víctimas y testigos.
- Servicio de liderazgo: dar apoyo a los líderes de la organización para desarrollar estrategias, políticas y planes, gestionar el cambio y gestionar la asociación.
- Gestionar actuaciones públicas: patrullar los vecindarios, gestionar las relaciones públicas, gestionar las relaciones con clientes, informar sobre las actuaciones, gestionar las instalaciones.
- Proteger al público: tratar con los individuos de alto riesgo, mejorar las comunidades, proteger a las personas vulnerables, desarticular las redes criminales, gestionar las operaciones planificadas, proteger lugares vulnerables, gestionar la matriculación, gestionar la seguridad en carretera.
- Apoyo a servicios operativos: gestión de tareas, gestión forense, ofrecer servicios especializados, recopilar información policial, gestionar propiedades y pruebas, gestionar inteligencia.
El texto precisa que "no todas estas actividades serán incluidas necesariamente en la magnitud final, y que cada fuerza policial seleccionará algunas actividades de entre estas áreas donde vean las mejores oportunidades para la transformación".
Los planes de la Policía de las West Midlands contemplan el despido de 2.764 trabajadores durante los próximos tres años. Sin embargo, no se pretende que la privatización cubra los recientes recortes presupuestarios y no se prevé que se noten los ahorros antes de 2014.
El legado Blair y los recortes de la coalición
John Shaw, el director gerente de G4S, la mayor empresa privada de seguridad del mundo, ha asegurado que la implicación del sector privado en las actividades policiales "ha venido dándose durante años". Lo que en esta ocasión ha llamado la atención, según Shaw, ha sido "el tamaño, la escala y los números".
Los recortes presupuestarios aprobados por el Gobierno de coalición han acelerado la entrada de contratistas privados en la Policía, aunque el prestigioso think-tank británico Institute of Economic Affairs los ha considerados insuficientes.
Pero, según Shaw, el punto de inflexión ya se alcanzó hace una década, cuando el Gobierno laborista de Tony Blair otorgó a los jefes de Policía la potestad de contratar servicios a las empresas privadas. Y añade que "lo que veremos [en los próximos cinco años] serán unas back offices [oficinas de gestión interna] más delgadas, gestionadas por el sector privado, y el mercado fusionándose en dos o tres proveedores que reducirán los costes".
Patrullando los vecindarios sin patrullar las calles
Como era de esperar, los detractores de los recortes presupuestarios y de las privatizaciones han puesto el grito en el cielo. Uno de sus principales temores es que agentes privados patrullen por las calles y efectúen detenciones sin responder ante nadie, a diferencia de la Policía pública.
Curiosamente, aunque el mencionado contrato de 26 páginas incluye en su "lista no exhaustiva" la posibilidad de contratar el servicio de "patrullar los vecindarios" a las empresas privadas, el Gobierno ha negado que éstas vayan a patrullar las calles. Si bien es cierto que el contrato también aclara que cada cuerpo policial podrá elegir qué servicios de los enumerados decide contratar al sector privado. En este sentido, la jefa de Policía de Surrey, Lynne Owens, ha asegurado: "Cualquier insinuación de que una empresa del sector privado patrullará las calles de Surrey es simplemente un disparate. No sería más aceptable para el público que para mí".
Los defensores de la iniciativa, como Sir Ian, consideran que las tareas que pasarán a manos del sector privado consistirán, esencialmente, en el papeleo "repetitivo" de oficina, liberando así de tareas administrativas a numerosos policías que podrán centrarse en su labor callejera.