Desde que el nuevo Gobierno comenzó a reconocer que 2012 no sería precisamente un buen año para el PIB –que, lejos de crecer más de un 1% como proclamaba ese compendio de analfabetismo económico que fue el Ejecutivo socialista, decreceríamos alrededor de un 2%–, se nos trasladó de inmediato la idea de que sería del todo imposible alcanzar un déficit del 4,4% del PIB. A la postre, pasar de un agujero de más de 90.000 millones (cierre de 2011) a uno de 47.000 millones (objetivo de 2012) implicarían un tijeretazo de unos 43.000 millones de euros que, más la previsible merma en la recaudación fiscal, podría llegar a ascender a los 50.000 millones de euros.
¿Objetivo imposible? Pues depende. Descontando los desembolsos financieros, el gasto público total de las administraciones públicas españolas asciende a unos 430.000 millones de euros, lo que significa que el monto total del ajuste para 2012 (esos 50.000 millones de euros) apenas alcanzaría el 12% del gasto total. ¿Realmente resulta tan difícil, tan inalcanzable, apretarse el cinturón un 12%? Uno elucubra que cualquier contable medianamente avezado de cualquier pyme española sería capaz de lograr semejante gesta en su compañía incluso en tiempos de crisis económica, motivo por el cual nuestros ultracapacitados gestores públicos deberían ser capaces de emularlo.
Pero no, no lo son. Habida cuenta de que existen ciertas partidas en nuestro presupuesto que, a modo de infranqueables líneas rojas, no desean racionalizarse bajo ningún concepto, ni siquiera para eliminar las redundancias y despilfarros que inevitablemente se producen en muchas de esas rúbricas –empleados públicos, educación, sanidad, prestaciones de desempleo o pensiones–, la labor de ajustar el gasto necesariamente pasa por sacar la motosierra en todos los otros desembolsos (subvenciones y obra pública), algo que sería muy deseable pero que tampoco se considera políticamente factible por la enorme cantidad de intereses creados.
El PP ha prometido ahora un ajuste adicional de cinco décimas del PIB, algo más de 5.000 millones o apenas el 1% del gasto público total. Bienvenido sea, por supuesto. Pero recordemos que si a nuestra clase política se le está convirtiendo la imprescindible tarea de adelgazamiento de la administración en un interminable viacrucis, es sólo por los torpes y socialistones límites que se han autoimpuesto. Ni más ni menos. Con un poco más de audacia, cerraríamos en el 4,4%, y con una pizca más de decisión equilibraríamos el presupuesto.