Finalmente, el Gobierno español ha acordado con el Eurogrupo un nuevo límite al déficit público para 2012 del 5,3 por ciento del PIB, el cual es cinco décimas inferior al 5,8% anunciado recientemente por Rajoy, pero nueve décimas superior al 4,4% inicialmente comprometido con Bruselas.
Aunque con estos acuerdos el Ejecutivo de Rajoy no haya disipado del todo la amenaza de una sanción por parte de Bruselas, no se le puede negar cierto éxito a la hora de consensuar con nuestros socios europeos una mayor flexibilidad en la lucha contra el déficit. Valoración distinta merece la noticia, sin embargo, si la analizamos, no desde la perspectiva de la capacidad de gasto de las administraciones públicas, sino desde el punto de vista del contribuyente español.
Aunque algunos analistas hayan analizado estas negociaciones con el Europrupo como si de la condonación de una deuda se tratara, estas estaban destinadas a elevar el inicial tope de déficit acordado en Bruselas; es decir a elevar el nivel de endeudamiento que habrán de soportar los españoles como resultado de la falta de ajuste entre los gastos e ingresos de su Estado. El déficit es gasto público que, no por diferirse en el tiempo, deja de pagarse y con intereses. Succiona, además, el poco ahorro disponible del que tan necesitado están empresas y familias.
Dicho esto, quienes aun consideramos que la reducción del diferencial entre gastos e ingresos públicos –incluido el oculto o imprevisto- se debía haber acometido con una mayor celeridad y por la vía exclusiva de la reducción del gasto, podemos consolarnos con que el nuevo y más laxo objetivo de déficit acordado con Bruselas no implique –al menos a corto plazo- una nueva subida de impuestos, incluido el IVA. Al menos, así lo ha anunciado el ministro De Guindos, si bien Montoro lo que ha dicho es que no habrá subidas de impuestos "inequitativas e injustas".
Dado que ningún gobernante admite que alguna subida de impuestos por él aprobada pueda ser "injusta", no podemos descartar nada; tan solo podemos contentarnos con la intención del gobierno de que esos 5.000 millones de euros que implican esas cinco décimas de reducción del déficit del 5,8% al 5,3% se vaya a afrontar con una reducción de gasto adicional. Aun así, no podemos dejar de lamentar que Montoro no haya implicado en esa reducción del gasto a las comunidades autónomas, que pueden y deben poner mucho más de su parte.