Bien mirado, si la reforma laboral del PP sólo destruyese 1.600 puestos de trabajo diarios durante este año de recesión, cabría considerarla un éxito parcial según los propios parámetros del PSOE. A la postre, durante 2011, sin reforma laboral del PP y sin recesión, la economía española destruyó, bajo la gerencia socialista, 1.650 empleos diarios. Y ello por no hablar del aciago 2009, año de depresión comparable al corriente ejercicio, en el que perdieron su ocupación 3.300 personas al día, el doble que ese negro e inaceptable vaticinio que la nueva vieja guardia rubalcabiana le endosa a la reciente mini liberalización de nuestro mercado laboral.
Cuesta, en suma, conceder crédito alguno en esta materia a un partido bajo cuyo mandato se aniquilaron más de 2,6 millones de puestos de trabajo. Sus no-reformas laborales –es decir, esos simulacros de novaciones legislativas negociados con las centrales sindicales que terminaban dejando el fascistoide marco laboral tal cual lo encontraron– multiplicaron los efectos devastadores de una crisis económica que, vaya casualidades, en ningún otro país –ni siquiera en la quebrada Grecia– elevó a niveles tan desoladores la tasa de paro.
Y sí: por mucho que a la izquierda extrema le cueste reconocerlo, las leyes que el PSOE se negó a modificar en sus más mínimos detalles son las responsables de una parte sustancial de nuestro desempleo. Que nos expliquen, si no, cómo es posible que, pese a representar menos de un tercio de todos los contratos existentes en 2007, los trabajadores temporales hayan concentrado desde entonces el 75% de toda la pérdida de empleo. O que nos expliquen, si no, cómo es posible que en plena crisis, entre 2007 y 2011, los salarios reales se incrementaran a un mayor ritmo que entre 2003 y 2007, en plena expansión artificial, burbujística e insostenible. Sólo hay una razón: la extrema disfuncionalidad de nuestras leyes laborales que el PSOE se empeñó en mantener a toda costa para mayor gloria y latrocinio de nuestros antisociales sindicatos.
La clave de esta bien orientada pero insuficiente reforma del PP no cabe hallarla en el abaratamiento del despido, como simplonamente se encapsula en titulares periodísticos y en consignas políticas, sino en la flexibilidad interna de las empresas. Así, a partir de ahora las compañías españolas podrán alterar en momentos de crisis la configuración de sus relaciones laborales, ya sea descolgándose del convenio colectivo o inaplicando las mejoras sobre convenio que habían pactado con los empleados. La reducción de la indemnización por despido no es la esencia de la reforma, sino sólo una condición necesaria para que esa flexibilidad interna llegue a tomar cuerpo: al cabo, un cambio en las condiciones laborales supone una causa justa de resolución del contrato con derecho a indemnización, y si esa indemnización siguiera siendo muy alta, todo intento de flexibilización se enterraría antes de llegara a nacer.
Claro que probablemente eso sea lo que el PSOE desee: conservar las caducas y reaccionarias esencias de una tóxica normativa laboral que sólo ha servido para maximizar el desempleo y las prebendas sindicales. No otra cosa ha mostrado en sus pauperizadores años de gobierno y no otra cosa se encargó de advertirnos Zapatero desde el inicio de la depresión: "La salida de la crisis será social[ista] o no será". Entre susto o muerte eligieron muerte. Ahora patalean para que no salgamos del ataúd.
El Sr. Rallo es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, autor de Los errores de la vieja economía. Editor de Economía del programa Es la Noche de César de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital. Sígalo en Twitter: @juanrallo